Estela Carayol, hija de la exalcaldesa de Manilva Antonia Muñoz, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en las diligencias abiertas en el juzgado número 5 de Estepona y en las que está imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los otros tres imputados que debían declarar hoy, el concejal de Personal, Diego Díaz Jiménez; el directivo de la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades), José Carlos Castaños, y el director del área de Deportes y Pesca, Francisco Medina, también se han acogido a su derecho a no declarar.
Estas actuaciones tienen su origen en la denuncia interpuesta por el comité de empresa del Ayuntamiento de Manilva en el 2009 por supuestas irregularidades detectadas en la gestión, contrataciones al margen de la legalidad, así como en el uso arbitrario de las empresas municipales y la Fundación de Manilva para el Desarrollo.
El abogado de la acusación ha manifestado a Efe que sospecha que los imputados están esperando a declarar en el juicio ya que "cuando hay muchos indicios y existen muchas irregularidades, lo mejor es no dar pistas y esperar a la vista oral".
"Si declaran en estos momentos pueden restarse la sorpresa en el acto del juicio", ha indicado el abogado, quien considera que sería necesario solicitar en las diligencias previas más declaraciones e incluso más imputaciones.
Por otra parte, el abogado de la acusación ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que no se hayan decretado medidas cautelares contra los imputados y advierte que "parece que se está actuado muy débilmente en este caso" y "ni siquiera se ha obligado a los acusados a acudir a firmar los días 1 y 15 de cada mes".
La justicia investiga más de 470 casos de presuntos "enchufes" entre los que se encontrarían numerosos familiares de la alcaldesa y militantes de IU; adjudicaciones de contratos a los familiares de Muñoz realizadas supuestamente fuera de ley, y millonarias transferencias a sociedades vinculadas al Ayuntamiento.
La hija de la alcaldesa comenzó a ser investigada tras empezar a trabajar en la entidad urbanística El Hacho, vinculada al Ayuntamiento de Manilva, tras la jubilación de un administrativo, y después de que su contratación fuese denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción.
