Vivienda

Segundo desahucio en Estepona en apenas 24 horas

Los afectados son un matrimonio y sus tres hijos menores | El Ayuntamiento se ha hecho cargo del alojamiento

16.04.2015 | 17:21
Un amplio dispositivo policial se ha desplegado para este lanzamiento de vivienda.

Un matrimonio con tres hijos menores a su cargo ha sido desahuciado este jueves en el municipio malagueño de Estepona, en medio de un amplio despliegue policial y con presencia de decenas de vecinos y de miembros de movimientos antidesahucios.

Se trata del segundo lanzamiento en la localidad en 24 horas, puesto que este pasado miércoles una mujer con dos hijos menores también fue desahuciada de su vivienda.

En ambos casos, el Ayuntamiento de Estepona, según ha informado en un comunicado, se ha hecho cargo de su alojamiento. Así, en el caso de este jueves, han indicado que han movilizado todos sus recursos para atender a la familia, que acudió por primera vez a los servicios sociales la semana pasada.

Así, ya se ha puesto a su disposición un alojamiento provisional y está tramitando ayudas económicas de emergencia para que puedan hacer frente al alquiler de una vivienda.

El Ayuntamiento también dispone de ayudas económicas para la manutención de menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, así como de un acuerdo con el comedor social, financiado íntegramente por el Consistorio, para que atienda a personas en situaciones de dificultad económica.

Desde el Consistorio han lamentado que la Junta de Andalucía "no asuma las competencias que les son propias en materia de viviendas sociales, lo que ha dado lugar a que en Estepona no exista ni un sólo inmueble para personas que se encuentren en situación de exclusión social".

"El Ayuntamiento es la única entidad que ha atendido a las dos familias que se han visto inmersas en esta dramática situación", ha apostillado.

Respecto a las viviendas de Santo Tomás de Aquino, el Consistorio ha recordado que se encuentran en un proceso de enajenación "para dar cumplimiento al plan de ajuste que fue necesario para pagar los 67 millones de euros que el anterior Gobierno socialista no abonó a los proveedores".

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