La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión, 14 de inhabilitación para empleo o cargo público, ocho de inhabilitación absoluta y el pago de las costas procesales para el exalcalde de Benalmádena Enrique Bolín por los supuestos delitos de prevaricación, apropiación indebida y malversación impropia cometidos al autorizar la subasta, con dos de sus resoluciones, de coches robados que luego fueron recuperados o de vehículos que estaban bajo control judicial. Los hechos objeto de acusación, por cierto, ocurrieron hace una década, pero el caso ha llegado recientemente a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos.
Según la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, Enrique Bolín era alcalde de Benalmádena en la fecha de autos, de forma que el 5 de septiembre de 2005 aprobó un expediente «para la enajenación mediante subasta abierta de vehículos retirados de la vía pública».
El fin de esa pública subasta no era otra que «resarcir los gastos que generaba la estancia de los mismos en los depósitos municipales, ubicados en la avenida Antonio Machado y en la avenida El Puerto, de la localidad de Benalmádena». La resolución se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 13 de septiembre de ese año.
La subasta estaba compuesta por once lotes: el primero, formado por un Audi A6 y un Mercedes, ambos con matrícula falsa; el segundo, por dos Volkswagen Golf; el tercero por un Volkswagen y un BMW; el cuarto por un Clío y un Audi A6; el quinto, por un Chevrolet Veretta y un Fiat Punto; el sexto por otro Golf y un Mercedes 190; el séptimo, por un Renault Safrane y un Opel Corsa; el octavo por un Volkswagen Corrado y un Golf; el noveno por un BMW 325 y un Mercedes A370; en décimo, por vehículos Peugeot 605 y dos Volkswagen, un Golf y un Passat; por último, el undécimo lote lo conformaban un Mitsubishi Montero, un Nissan Patrol y un BMW 323, siempre según la relación efectuada por la Fiscalía en su escrito.
El 23 de noviembre de 2005, se adjudicaron cuatro de esos grupos de coches a otros tantos compradores, mientras que el número seis se retiró por donación de su titular, de forma que se declararon desiertos otros tantos. Ello se hizo a través de otra resolución rubricada por el entonces regidor, subraya el ministerio fiscal en el relato acusatorio.
Así, el acusador público asegura que Bolín dictó esas resoluciones «a sabiendas de que entre los vehículos enumerados había vehículos que se encontraban intervenidos judicialmente, los cuales fueron subastados prescindiendo de la autorización de los juzgados a cuya disposición se encontraban, así como vehículos sustraídos que habían sido recuperados, a sabiendas de que éstos eran propiedad de las compañías aseguradoras que habían indemnizado a sus anteriores propietarios a consecuencia del siniestro».
Los delitos, según el fiscal. La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para cargo público por la prevaricación; tres años de cárcel y cinco de inhabilitación por un presunto ilícito de apropiación indebida y cuatro años de prisión así como inhabilitación total durante ocho por un supuesto delito de malversación impropia. Asimismo, reclama el fiscal el pago de las costas.
