­Con 150 millones de deuda generada en veinte años y una gestión no exenta de polémicas. De esta manera habría finalizado su legado al frente de Torremolinos el veterano político del PP Pedro Fernández Montes. Al contrario de lo que anunció el propio Montes, aún subido en la euforia tonal de su última comparecencia en el pleno de investidura y en el que aseguró dejar un municipio instalado en la vanguardia y libre de deudas, el nuevo alcalde de Torremolinos, el socialista José Ortiz, dibuja una tesorería en números rojos.

Según quiso dejar claro en el día de ayer el nuevo alcalde al frente de la localidad malagueña, una de las primeras medidas será encargar una auditoría externa proyectada a cinco años atrás para conocer al detalle el estado de las cuentas municipales. Además, con el horizonte puesto en avanzar en la reducción de gastos, Ortiz también anticipó una reducción de los salarios ligados al Ayuntamiento de Torremolinos de un 30% y también certificó la disminución de su propio salario, que pasará a estar en unos 3.000 euros brutos al mes. Los recortes también afectarán a los salarios de los miembros del equipo de gobierno y a los cargos de las empresas municipales como puede ser el servicio de limpieza y aguas. Con un presupuesto anual de 120 millones de euros, la capacidad de actuación de Ortiz queda limitada por la importante deuda que mantiene el Ayuntamiento.

Bajo la batuta socialista, el Ayuntamiento de Torremolinos emprenderá a partir de ahora una suerte de proceso encaminado a reducir las deudas de la corporación municipal que, también, tiene previsto la revisión de la deuda histórica que mantiene el municipio con el Ayuntamiento de Málaga. Para ello, Ortiz ya ha pedido una reunión con el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, en la que pretende abordar los 18 millones de euros que arrastra Torremolinos por los servicios prestados antes de obtener su estatus de municipio independiente.

En el aire, la duda de saber si el nuevo el Ayuntamiento de Málaga llegará a un acuerdo con el gobierno socialista para establecer las condiciones adecuadas para seguir pagando una deuda que ya se estaba saldando antes de la marcha del anterior gobierno del Partido Popular.