­El exalcalde de Benalmádena durante 35 años, Enrique Bolín, se enfrenta a siete años de prisión por autorizar con sus decretos la venta de coches recuperados tras un robo o intervenidos judicialmente. Esos hechos ocurrieron en 2005 y estuvieron motivados, según explicó ayer en el juicio el exregidor, celebrado una década después, por la falta de espacio en el depósito municipal para seguir almacenando automóviles. Así, Bolín calificó ayer el proceso de «increíble» y luego esgrimió una argumentación ya habitual entre muchos políticos: los técnicos no le informaron de supuestas irregularidades ni él tenía por qué conocer la normativa.

Visiblemente enfadado por su procesamiento, cuando manifestó su deseo de expresar su posición acerca de un plenario que ha tardado diez años en llegar, el presidente del tribunal, Enrique Peralta, le dijo que se limitara a contestar a las preguntas del fiscal y que ya tendría tiempo de decir lo que estimase oportuno en su derecho a la última palabra.

En cuanto a los hechos, la fiscal acusa al exalcalde de permitir la subasta de once lotes que sumaban hasta 24 coches. El entonces regidor sancionó dos decretos fechados el 5 de septiembre y el 23 de noviembre de 2005 para posibilitar la enajenación de automóviles que «o bien se encontraban intervenidos judicialmente» o, por otro lado, habían sido «sustraídos» y luego recuperados y eran, por tanto, propiedad de las aseguradoras que habían indemnizado a los propietarios. Esas resoluciones las dictó Bolín, siempre según la fiscal, «a sabiendas» de ello. Así, le acusa de malversación, apropiación indebida y prevaricación. Además de los siete años de cárcel, se le piden 14 de inhabilitación para cargo público.

«A lo mejor tengo responsabilidad política, pero no penal», precisó, para decir después, a preguntas de la fiscal, que en un Consistorio es tal el volumen de trabajo que no se puede estar al tanto de todos los detalles: «Usted no sabe la cantidad de cosas que había en el Ayuntamiento, no puedo estar en un expediente».

La acusadora pública insistió en si revisó los expedientes sobre los que se basaban sus decretos. Y ahí es donde culpó a los técnicos. «No, leo el decreto, pero un mamotreto así no. En el Ayuntamiento hay una serie de técnicos que son los responsables, si no te advierten de la ilegalidad...», indicó. Así, señaló que esas carpetillas se tramitaban por la Policía Local y que el informe debía ser de Patrimonio.

Nadie habló con él sobre la posibilidad de que se subastaran coches robados ni, como miembro de la mesa de contratación, le dijo algo al respecto. «No es mi obligación como alcalde conocer esa normativa. Yo no he intervenido en nada, sólo en el decreto de la subasta, que luego fue aprobado por la mesa de contratación. Todo se desarrolló legalmente», relató. Ni en esa mesa de contratación se puso de manifiesto irregularidad alguna.

Bolín insistió: «Yo no hago los expedientes ni he intervenido», y destacó que todo se hizo para resolver el problema de espacio que había en el depósito de coches.