­Ciudadanos exigió ayer la dimisión de la edil del Partido Popular Paloma García Gálvez, al haberse hecho público que la que fuera alcaldesa y presidenta del PP en Benalmádena, además de cabeza de lista por este partido en las últimas elecciones municipales, figura como «imputada por un presunto delito de prevaricación, al aprobar la concesión de una retribución mensual de 600 euros «con apariencia de legalidad» al que fuera su socio de gobierno en la pasada legislatura, Francisco Salido Porras, «que ya cobraba un sueldo próximo a los 44.500 euros anuales en su condición de edil de Bienestar Social y Puerto».

«En un ejercicio de coherencia, por Benalmádena y por una cuestión de higiene democrática, la presidenta del PP en el municipio, exalcaldesa y cabeza de lista popular en los últimos comicios municipales debe presentar su dimisión», argumentó ayer Bernardo Jiménez, coordinador de la formación naranja en la localidad costasoleña.

Además, expresó que la ciudadanía benalmadense «no se merecen que haya imputados en las listas, ni ejerciendo cargos públicos», por lo que interpretó que «en un ejercicio de dignidad, los representantes políticos inmersos en procedimientos judiciales que cuestionan el recto ejercicio de sus funciones deberían renunciar al cargo, al menos en tanto la justicia no resuelva el alcance de su responsabilidad en los hechos juzgados».

Según fuentes del Partido Popular de Benalmádena, este proceso judicial debería estar resuelto ya que la imputación de la alcaldesa es un error administrativo. Por ello, Paloma García no se plantea dimitir por los hechos a los que se refiere Bernardo Jiménez.

La exregidora fue desalojada del principal sillón municipal después de un pacto entre cinco de los siete partidos que lograron representación plenaria tras los comicios de mayo pasado.