Política

Torremolinos autoriza una auditoría sobre la contratación pública

Además, el pleno de ayer también dio vía libre a la derogación de la tasa por anclajes y toldos

28.08.2015 | 05:00
José Ortiz, en la sesión plenaria de ayer.

­El Pleno del Ayuntamiento del municipio malagueño de Torremolinos aprobó ayer la realización de una auditoría sobre la contratación pública y las concesiones en el Consistorio que están previstas que se realicen ya a partir de septiembre.

Además, dio vía libre a la derogación de la tasa por anclajes de toldos, a la aprobación del reglamento de funcionamiento de la Junta Local de Seguridad y al visto bueno de las sanciones en materia de limpieza, referentes a la ordenanza número 46.

Dicha norma se refiere a la Protección y Defensa de la Convivencia Ciudadana y de los Bienes de Dominio Público Municipal. En este sentido, la concejala de Empresas Municipales, Carmen García, señaló que «el acuerdo es la punta del iceberg de una larga serie de mejoras y reformas en los reglamentos municipales al objeto de crear un marco normativo en el ámbito local donde se contemplen principios básicos como la legalidad, igualdad, proporcionalidad, eficacia o eficiencia». Las sanciones contemplan multas que van desde los 750 hasta los 3.000 euros.

El concejal de IU, David Tejeiro, se mostró preocupado por la actividad de algunos chiringuitos nocturnos «en playas ilegalmente privatizadas». Por su parte, Costa del Sol Si Puede (CSSP) pidió una modificación mayor de la ordenanza, añadiendo enmiendas sobre reciclaje o campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de mantener limpio el municipio y mejorar la convivencia.

Subvenciones al IBI
Por otro lado, la Corporación analizó también la moción presentada por el PP sobre las subvenciones al IBI. Todos los grupos, excepto el popular, votaron en contra. El concejal de Hacienda, Pedro Pérez, argumentó que sigue siendo «inaplicable e injusta porque se pretende subvencionar de la misma manera a cualquier propietario, tenga una renta mayor o menor, porque no parecen considerar a las personas sino a los inmuebles. Así, Pérez argumentó que «la medida puesta en marcha por el actual equipo de gobierno pretende cumplir con el objetivo de que se ayude más a quien más lo necesita».

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