El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona pagará 10 millones de euros por sentencias condenatorias contra anteriores gobiernos. Para afrontar estos gastos, ha aprobado en junta de gobierno local la adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales para lograr préstamos con importantes ventajas económicas.
En concreto, esta medida implicará la concertación de préstamos por un importe de 10 millones de euros para la extinción de deuda procedente de sentencias judiciales por un total de 13 millones, ya que el área de Hacienda del Ayuntamiento ha logrado negociar quitas económicas por importe de tres millones de euros.
El edil del Área Económica, Manuel Aguilar, ha explicado, además, que la adhesión al Fondo de Financiación de Entidades Locales permite reducir los intereses a abonar por el Ayuntamiento, ya que los de estos préstamos bancarios son inferiores a los intereses legales y moratorios de estas sentencias judiciales.
Asimismo, ha señalado en un comunicado que con la adopción de este acuerdo se abunda en la gestión iniciada en el anterior mandato, dirigida a poner orden en las cuentas municipales.
De esta forma, el edil ha recordado que el Ayuntamiento de Estepona acumulaba al inicio de la gestión del actual gobierno, en junio de 2011, reclamaciones económicas por un importe total de 55 millones de euros fruto de sentencias judiciales firmes condenatorias por incumplimientos generados por equipos gobiernos anteriores.
El Consistorio ha reducido --en los últimos cuatro años-- en un total de 39 millones de euros las cantidades reclamadas por este concepto. Si bien, Aguilar se ha referido "al goteo constante" que recibe la Administración local de sentencias condenatorias por los "incumplimientos y despropósitos" de gobiernos precedentes.
Así, como ejemplos de estas reclamaciones ha citado la correspondiente a la ejecución de obras, en 2005, en el IES Mar de Alborán que ha conllevado una condena de cinco millones de euros al Ayuntamiento por impago de las mismas.
Aguilar también ha señalado como ejemplo la anulación de una licencia de obra durante el gobierno del PSOE que ha supuesto una indemnización de 1,7 millones de euros o la ejecución de forma indebida de unas obras de demolición en Cancelada que ha implicado una indemnización de 1,8 millones de euros.
Para acogerse a esta medida de ayuda articulada por el Gobierno central, el Pleno de la Corporación aprobó el compromiso de dotar de una partida económica en el presupuesto de 2016 para hacer frente a futuras reclamaciones judiciales.
