La defensa de los cinco policías locales de Mijas detenidos en noviembre de 2009 y que están acusados por narcotráfico insistieron ayer en que las escuchas telefónicas presentadas son «caducas» y vulneran el derecho de las comunicaciones. El juicio a los agentes se tuvo que repetir con la prueba que no fue admitida por la Fiscalía malagueña, en total dieciocho conversaciones telefónicas que, según entiende el tribunal, tienen relevancia ya que son transcripciones de policías locales que podían llevar a cabo algún hecho delictivo.

En el banquillo de los acusados se han sentado cinco policías locales procesados por supuestos delitos contra la salud pública y un sexto imputado que no es agente, sobre quienes puede recaer una pena de entre los seis años y nueve meses y los cuatro años de cárcel, según el escrito acusatorio. Los acusados se acogieron al derecho a no declarar y se negaron a contestar a ninguna de las cuestiones expuestas por el fiscal y el abogado de la acusación particular.

Por su parte, la defensa pidió la nulidad de las escuchas debido a que el primer juez instructor del caso se basó en conversaciones que habían sido declaradas como nulas, de tal forma que el nuevo auto ya venía «infectado» por esa nulidad, según citaron los letrados.

Conversaciones. Los abogados defensores aseguraron que todas las escuchas a partir de mediados de marzo son nulas y añadieron que se analizan en julio unos hechos ocurridos en marzo (106 días después) y que durante ese periodo de tiempo no se investigó «nada».

Defendieron igualmente que dichas conversaciones ponen de manifiesto «la relación que puede tener un policía con un confidente» y que son «las típicas conversaciones donde no se pone de manifiesto un acto delictivo».

Por su parte, la acusación coincidió con la defensa en la existencia de un plazo de más de cien días para el análisis de las conversaciones, pero recalca que todas las conversaciones recogidas entre el 21 de febrero y el 10 de marzo están «perfectamente justificadas».

En las cuestiones previas, los abogados defensores ya pidieron la nulidad de las intervenciones telefónicas porque vulneraban los derechos de intimidad y el tribunal estimó dicho argumento y anuló las intervenciones telefónicas. El fiscal, sin embargo, aseguró que los policías constituían un grupo organizado bajo la jefatura de J. M. M. y que aprovechaban su condición de agentes para presentarse «sorpresivamente» en operaciones de desembarco o tráfico de sustancias estupefacientes sin comunicárselo a sus superiores. La Sala decidió que el juicio se resolverá en la sentencia, por lo que los seis acusados han sido llamados a comparecer hoy de nuevo.