­El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C´s), se comprometió ayer a detener las obras de reforma de la plaza Virgen de la Peña e incluso se acercó, justo después de celebrar un encuentro con vecinos y comerciantes en el salón de plenos, a informar a los operarios de que tenían que abandonar la actividad que habían iniciado apenas 24 horas antes.

Dicho gesto fue respondido con aplausos por parte de la amplia representación de los más de 900 vecinos que, tal y como avanzó el pasado viernes este periódico, sellaron con su firma el rechazo frontal a la eliminación de más de 70 plazas de aparcamiento en superficie que existen en dicha plaza.

Maldonado justificó de esta forma una decisión que ahora tendrá que defender ante sus socios de gobierno del PP -los que impulsaron la reforma en el anterior mandato-: «Esta ha sido una reunión intensa y necesaria. Es cierto que hay que escuchar la voz de los vecinos y que se tenía que haber escuchado mucho antes. Es un proyecto de la anterior legislatura. Si se les hubiera tenido en cuenta antes no tendríamos este problema».

El regidor fue aún más allá, al adelantar un cambio en la organización interna del Consistorio para evitar estas situaciones: «En el próximo pleno se va a aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana que formará el Consejo Social de la ciudad, lo que va a permitir contar con la opinión de todos antes de acometer distintas infraestructuras y actuaciones. Como equipo de gobierno, ante todo y sobre todo escucharemos al pueblo para evitar estas situaciones».

Las obras están en marcha desde anteayer y, como también reconoció el alcalde, el Ayuntamiento mijeño ni siquiera fue el organismo encargado de licitarlas y adjudicarlas. El control corresponde al Consorcio Qualifica, pero Maldonado expresó que va a agilizar los trámites y la comunicación con el mismo para posibilitar lo que los propios ciudadanos mijeños han demandado desde hace la pasada semana: «Que la plaza tenga aparcamientos, tráfico rodado».

No obstante, el edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín (C´s), matizó: «Tenemos que ser responsables también con los compromisos adquiridos, porque además hemos adelantado 1,4 millones de euros. La puesta en valor de las demandas vecinales compromete dinero público y el marco legal en el que tomamos las decisiones».