Si la tormenta amagó con descargar mucha agua el pasado viernes, 26 de febrero, cuando Anticorrupción pidió la imputación del expresidente madrileño Ignacio González en el caso Ático, ayer finalmente las precipitaciones fueron de órdago, una vez que la juez accedió a ello y cita a declarar como investigado no sólo al ex secretario general del PP madrileño, sino también al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y a la mujer de González, Lourdes Cavero.
En un providencia, la titular de Instrucción 5 de Estepona comunica su decisión a los tres investigados y los cita para el 18 de abril a las 10.00 horas de la mañana.
En su petición, la Fiscalía Anticorrupción explicaba que la pertinencia de la situación estribaba en que las grabaciones telefónicas aportadas recientemente a la causa atribuían a González «hechos que, de ser ciertos, podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales».
Asimismo, el ministerio público consideraba que habría que reproducir las conversaciones contenidas en el sumario, por las que ya declararon, como testigos, los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo a principios de febrero.
El acusador también solicitó que la juez no se inhibiera en sus competencias en favor de la Audiencia Nacional, al haber una supuesta vinculación con el caso Gürtel, de corrupción en el PP madrileño, y que declarase compleja la causa.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Málaga ya dejó sin efecto la declaración de Cavero como imputada en el caso en diciembre de 2013, pero ahora es vuelta a llamar como investigada.
En el auto anexo, la magistrada también ordena una tasación pericial del ático en el año 2008 cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investor, que fue la que cuatro años después vendió el inmueble a González y Cavero, que lo venían disfrutando en régimen de alquiler.
Del mismo modo, solicita que se averigüe el patrimonio tanto del expresidente madrileño como de su esposa y de Coast Investor, y requiere a la Policía Nacional de Estepona para que haga» las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos», las presuntas irregularidades en la venta del inmueble.
El caso comenzó en octubre de 2012 con la denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por supuestas irregularidades. González, por su parte, siempre defendió que tenía un contrato de alquiler y que lo pagaba «religiosamente», y que si no lo compró antes de 2012 fue porque el inmueble no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad, trámite que se regularizó a finales de ese mismo año.
Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid pidieron a Ciudadanos que dejara caer al gobierno regional, liderado por la popular Cristina Cifuentes.
