La guerra entre los dos exsocios de gobierno en el Ayuntamiento de Mijas, C´s y PP, no parece tener fin. Ayer volvieron a cruzarse acusaciones sobre expedientes aún muy recientes. El Partido Popular culpó al alcalde, Juan Carlos Maldonado (C´s), de dejación de funciones ante el supuesto «atentado medioambiental» cometido por un empresario libanés en un diseminado del río Ojén.
Los concejales Mario Bravo y Carmen Márquez afirmaron que la Policía Local mijeña tuvo conocimiento en enero pasado de irregularidades «que se estaban dando en la zona», aunque «Maldonado no hizo nada hasta tres meses después». Ambos ediles anunciaron que llevarán al alcalde ante la Fiscalía «por entender que no fue diligente en esta actuación, en la que el Seprona defiende que se han cometido hasta diez infracciones de leyes medioambientales».
La respuesta del equipo de gobierno no tardó ayer: «El Ayuntamiento de Mijas lamenta y se sorprende de la falta de rigor y la ignorancia del grupo municipal del Partido Popular mijeño al relatar los hechos y usar la terminología para apuntar y culpar al alcalde de Mijas por actos de terceros». El grupo municipal de C´s añadió que el 21 de enero los responsables locales levantaron acta de por los «movimientos de tierra y rebajes de la parcela».
«Se requirió la paralización de las obras con carácter cautelarísimo, en virtud del Decreto de 30 de enero de 2012 que el propio exalcalde, Ángel Nozal, firmó», se indica en el mismo escrito público.
El tono se eleva a partir de ahí: «Dichos extremos son obviados por el PP de Mijas, tal vez porque soslaya que desmantelaron el departamento de Infracciones Urbanísticas, quitando competencia a técnicos y trasladando al personal administrativo para realizar otras labores, con objeto de evitar la imposición de multas coercitivas, sanciones y órdenes de demolición», afirma C´s.
El gobierno mijeño vincula dicha actuación con la posibilidad de que dichas multas «suponían una pérdida de votos que el exalcalde y presidente del Partido Popular mijeño no estaba dispuesto a admitir, permitiendo que se infringiera la legalidad urbanística vigente, trascendiendo, incluso a la esfera penal, pudiéndose calificar su conducta de delito de prevaricación de los Artículos 404 y concordantes del Código Penal».
