­Los seis trabajadores del Centro de Industrias del Ocio de Mijas (CIOMijas) han cobrado estos días la nómina de mayo una vez que el Ayuntamiento de la capital costasoleña ha liberado 111.339,91 euros de los 116.692,11 que le correspondían para este año como entidad consorciada. Pese a ello, la situación de estos empleados es extrema, pues les deben aún 21 mensualidades.

Con lo liberado por el Consistorio de Mijas, según los liquidadores solidarios del consorcio, sólo se puede hacer frente a los gastos corrientes tales como la luz, el agua, la póliza de seguros y la vigilancia, así como los de personal durante un trimestre.

El problema radica en que la otra entidad consorciada, la Junta de Andalucía, no ha pagado aún los 466.408,42 euros aprobados por unanimidad en el Consejo General del CIOMijas de 15 de marzo. Ya el 1 de abril, se presentó por los liquidadores un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta para que determinase «qué centro directivo» había de hacer frente a las obligaciones financieras del Ejecutivo andaluz como socio partícipe de la entidad mijeña y se solicitaba una resolución urgente y expresa, pero nadie contestó.

El SAE no es competente

Luego, los liquidadores hablaron con el director gerente del SAE, Julio Coca, quien respondió que las competencias en materia de formación profesional para el empleo corresponden a la Consejería de Empleo y no al SAE, por lo que en un nuevo escrito fechado el 23 de mayo los profesionales que vigilan y velan por la liquidación del consorcio reclaman, de nuevo, a la Secretaría General Técnica que especifique qué centro directivo ha de hacer frente a las obligaciones financieras de la Junta como socio partícipe del CIOMijas y, una vez contestado ello, se haga la transferencia de 466.408,52 euros que corresponde al Ejecutivo autonómico en 2016.

Ello redundaría en el pago de las nóminas atrasadas y en que se puedan garantizar la conservación, el mantenimiento y la integridad de las construcciones e instalaciones -activos- del CIOMijas, «cuya precariedad a la fecha es absoluta».

Los liquidadores explican además las consecuencias jurídicas -responsabilidades- «que pueden traer causa del impago de salarios a los trabajadores del CIOMijas que, como empleados del Sector Público Andaluz, tienen derecho a recibir puntualmente sus retribuciones; de persistir la actual situación, que se traduce al día de la fecha en el impago de 21 nóminas, se estaría prolongando una grave de discriminación para los derechos de estos trabajadores».