El Ayuntamiento de Torremolinos tendrá que pagar a un funcionario municipal que prestaba servicio como bombero en la localidad un total de 240.000 euros de indemnización por acoso laboral. A esta cantidad se le pueden sumar otros 157.015 euros que la parte reclama en concepto de intereses. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó una sentencia que se remonta en los hechos al año 2003, cuando el funcionario municipal interpuso reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, al considerar que la situación de incapacidad permanente que le imposibilita el desarrollo de cualquier actividad laboral o social se remonta a un trauma creado por la «actitud agresiva, opresiva y persecutoria mantenida por parte del Consistorio».
La sentencia del TSJA considera «debidamente acreditados los padecientes psíquicos afectantes al trabajador y que dichas alteraciones causan una incapacidad manifiesta para el desarrollo de cualquier actividad social y laboral». La sentencia considera, además, que conductas constitutivas de «mobbing» o acoso laboral como las reputadas causan unos perjuicios que exceden la esfera patrimonial.
