Tribunales

El caso Astapa entra en su recta final tras acabar los peritos los informes urbanísticos

Las fuentes creen que antes de que acabe el año la instrucción habrá concluido

14.09.2016 | 05:00
La policía, en el registro del Ayuntamiento de Estepona en junio de 2008.

Quedan por entregar los estudios patrimoniales.

Las primeras detenciones del caso Astapa, contra la corrupción política y urbanística en Estepona, se llevaron a cabo en el caluroso mes de junio de 2008. Hoy, más de ocho años después y a casi diez de que el denunciante del proceso, el exalcalde socialista David Valadez, diera las primeras pistas sobre estos presuntos delitos, el asunto sigue en instrucción en el juzgado mixto número 1 de Estepona, con un magistrado desbordado por tal macrocausa y con más de cien imputados. Fuentes del ministerio público explicaron a este periódico que el final de la instrucción, que ha estado lastrada por una absoluta falta de medios materiales y humanos, está muy cerca.

«Los peritos ya han entregado los informes urbanísticos», explican las fuentes consultadas, y esta era una de las principales rémoras para que concluyese esta investigación, dado que uno de los grandes caballos de batalla del asunto son las valoraciones de las decenas de convenios urbanísticos que están bajo la lupa policial y judicial.

Ahora, añadieron las fuentes consultadas, quedan por entregar los informes patrimoniales para determinar si alguno de los más de cien investigados se enriqueció ilícitamente con el dinero del ladrillo en Estepona, lo que en principio tendría que ocurrir a lo largo de los próximos meses que quedan hasta diciembre. Luego, habrá que tomar nuevas declaraciones a algunos de los encartados y, finalmente, el juez Jesús Torres deberá emitir el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado que pondría formalmente fin a una investigación que ha durado muchos años. Este auto será el que marque el fin de esta compleja investigación. Luego, en 2017, el caso deberá ser remitida a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, lo que podría retrasar aún más su enjuiciamiento, pues las salas penales no dan abasto.

Este periódico ya informó de que en los próximos meses los magistrados malagueños habrán de enjuiciar a 745 procesados en 41 macroprocesos, y todos ellos, en teoría, van antes que Astapa. La mayor parte de esos asuntos están relacionados con el narcotráfico o la corrupción marbellí, dado que aún continúan coleando los numerosos convenios urbanísticos discutidos en la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra Juan Antonio Roca y Julián Muñoz por perjudicar el patrimonio municipal. También hay macroestafas o apropiaciones indebidas.

El presidente de la Audiencia, Antonio Alcalá, previendo la avalancha de macrocausas, pidió cinco magistrados más, uno por cada sección penal, con el fin de que cada oficina tuviera entre cuatro y cinco togados, de forma que pudieran formar sala para hacer frente a los macroprocesos y a los juicios habituales del día a día y el ponente de cada procedimiento estuviera más liberado para emitir sentencias que, normalmente, suelen tener miles de folios.

En el caso Astapa, el secreto se prolongó dos años, de forma que fue la propia Audiencia Provincial la que lo levantó en un auto muy duro con los primeros instructores del proceso.

En este asunto se dio la circunstancia de que muchas de las piezas de convicción y gran parte de las actuaciones no se digitalizaron, como sí ocurrió en el caso Malaya, por lo que los policías tenían que trabajar con el papel, lo que ralentizaba mucho las pesquisas.

Algunas defensas consideran poco probable, por otro lado, que el caso finalice antes de que acabe el año, y recuerdan que los informes patrimoniales no son precisamente trabajos sencillos de concluir, dado que hay que cruzar muchos datos. Además, destacan que sus clientes llevan años imputados y soportando una tensión muy fuerte.

De cualquier forma, lo cierto es que el final, sólo por el tiempo que ha pasado, sí parece aproximarse, aunque aún hay muchos escépticos entre los letrados que habrán de defender a los investigados en otro macroproceso con más imputados que Malaya, en el que se sentaron 95 personas en el banquillo de los acusados. Para la causa marbellí sí que no faltaron medios de todo tipo.

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