La mayoría de las defensas del caso Majestic, donde se juzga al exalcalde de Casares y otras ocho personas más, han pedido la nulidad del proceso, que intenta dirimir si hubo corrupción urbanística en el municipio y blanqueo de capitales.

El juicio ha comenzado hoy en la en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga y durante las cuestiones previas las defensas han alegado vulneración de la tutela efectiva, prórroga injustificada del secreto del sumario y acusación sorpresiva a uno de ellos.

Las defensas han argumentado indefensión de sus clientes pero la Fiscalía Anticorrupción ha alegado que en el proceso se cumplieron todas las garantías legales y por tanto no se ha producido dicha vulneración oponiéndose a que se suspenda la vista y se retrotraiga la causa a la fase de instrucción.

Tras las cuestiones previas el Tribunal ha decidido suspender la vista oral hasta la última semana de marzo para que las partes estudien una documental aportada por el fiscal, relativa a unos autos de intervenciones telefónicas.

El exalcalde de Casares se enfrenta a una petición fiscal de 18 años y medio de prisión por prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, todos ellos de carácter continuado, así como cohecho y blanqueo de capitales, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Además de Juan Sánchez -que perteneció a Izquierda Unida hasta su arresto- también se acusa a su exesposa (por blanqueo de capitales), a su sucesora en el cargo, la entonces concejala, Antonia Moreno, a dos exediles más y a un asesor municipal todos ellos por prevaricación.

También está acusado el secretario municipal (acusado de falsedad en documento público), un particular (blanqueo y alzamiento de bienes) y uno de los dos promotores de la urbanización Majestic, (ya que el otro está declarado en rebeldía) por prevaricación, fraude, malversación y cohecho.

El exalcalde fue detenido el 14 de mayo de 2012 junto con su esposa; un abogado de Estepona y otras personas en una operación contra el blanqueo de capitales coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y se bloquearon en ese momento 236 casas, 165 cuentas de 19 bancos y 19 vehículos.

El caso, investigado conjuntamente por la Policía y la Guardia Civil, comenzó a investigarse a final del 2010 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepona y se acusó al exregidor de colaborar con la mafia rusa ya que era el "principal" cliente de la red de blanqueo de capitales y corrupción urbanística.

Esta operación policial permitió destapar una presunta trama que estaría relacionada con supuestas organizaciones criminales que son investigadas en otro procedimiento.

Anticorrupción mantiene que a finales de la década de los 90 se asentó en España ese "presunto grupo criminal de ámbito internacional" cuya actividad se ocultaba tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic y sus principales responsables en España eran Robert Gaspar (en rebeldía) y el acusado Robert Mani.

Uno de los objetivos principales del grupo fue la inversión de capitales procedentes del exterior en el sector inmobiliario de la Costa del Sol y más concretamente en Casares, donde a través de dos sociedades se ejecutó entre 2000 y 2006 la promoción Majestic, donde se pactaron tres convenios y cinco modificaciones urbanísticas.

Dichas modificaciones se acordaron con "una elusión burda de la ley administrativa", sin informes de los servicios jurídicos ni técnicos del Ayuntamiento y "sin verificar datos elementales".