La auditoría externa que ha analizado las cuentas del Ayuntamiento de Torremolinos en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2014 ha detectado deudas no contabilizadas con la Seguridad Social por valor de 38 millones de euros a cierre del mencionado ejercicio 2014, según informó ayer el equipo de gobierno.

Entre octubre de 2001 y abril de 2012, el Gobierno municipal del Partido Popular dejó de pagar las cuotas correspondientes a la Tesorería de la Seguridad Social, generando en ese periodo una cantidad superior a los 59 millones de euros. Una vez acogido al Plan E, el conocido como Plan Zapatero, el Ayuntamiento de Torremolinos acordó pagar la cantidad adeudada en 96 mensualidades, con un porcentaje de pago progresivo, además del 4 por ciento de interés por la demora.

De acuerdo a la auditoría, a cierre del año 2014 el Ayuntamiento solo reflejó 20 millones de euros de la deuda total, omitiendo así 38 millones de euros. «El anterior equipo de gobierno, liderado por Pedro Fernández Montes (PP), negó hasta el año 2012 la existencia de una deuda de 59 millones de euros a la Seguridad Social, para entonces poder beneficiarse de los fondos del conocido como Plan Zapatero», aseguró la portavoz del actual equipo de gobierno, Maribel Tocón (PSOE), que añadió que «el exregidor dejó de cumplir el calendario de pago de la deuda tres meses antes de las elecciones municipales de 2015».

Asimismo, el Patronato Municipal de Deportes y la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo Local de Torremolinos también han sido objeto de análisis por parte de la empresa auditora. La conclusión que vierte el documento es que «la gestión de ambas empresas tiene la peor de las valoraciones posibles, ya que es desfavorable».

En el caso del Patronato de Deportes, el gobierno del Partido Popular reconocía a 31 de diciembre de 2014 un remanente de tesorería de 50.274 euros, cuando en realidad era de 162.101 euros en negativo. Por su parte, la auditoría señala que no existe documentación que justifique que los gastos de personal en 2011 y 2012 asciendan a 695.711 euros y 1,6 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, el exalcalde del municipio Pedro Fernández Montes acusó al equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de la localidad de poner en marcha una campaña de «intoxicación» sobre su gestión. En este sentido, manifestó que en sus conclusiones la auditoría sostiene que ha habido «limitaciones en la aplicación de las normas y procedimientos porque no ha sido facilitada la totalidad de la documentación solicitada por el equipo auditor», algo que, según Fernández Montes, se ha producido «hasta en 16 ocasiones».

«El PSOE ha entregado la documentación que le ha interesado y ha omitido la que no, es una auditoría a la carta», consideró el exmunícipe popular, añadiendo que ni la auditoría financiera ni la jurídica afirman que haya habido ilegalidad manifiesta».