El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torremolinos va a llevar hoy al pleno ordinario del mes de octubre la derogación de las subvenciones al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) concedidas por el anterior gobierno del Partido Popular y la devolución de unos 700.000 euros concedidos a distintas empresas entre los años 2007 y 2012.

El equipo de gobierno ya suspendió cautelarmente la aplicación de las subvenciones del IAE el 14 de septiembre de 2016 «al carecer de base legal suficiente para su mantenimiento», a la vista del informe firmado por la jefa de la Asesoría Jurídica del Área Económica municipal y el Interventor General que determina que esas subvenciones «carecen de la base legal suficiente y no hay ordenanza que lo regule». Además, indican que los «caudales públicos no pueden malversarse con fines electoralistas ni clientelistas».

Argumentos. En los informes se determina que «se concede ayudas a empresas sin determinar para qué sirven esas ayudas y con qué finalidad se otorgan. Este elemento es de suma importancia ya que el incumplimiento del objetivo por el cual se otorga determina el reintegro de la ayuda. Ni en la moción ni en el acto de concesión de la subvención se especifica cuál es el objetivo de la ayuda», cita el informe.

Los informes añaden que las ayudas no fomentaban ninguna actividad de utilidad pública ni de interés social como obliga el art. 3.c) de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre de Subvenciones.

Para la primera teniente de alcalde de Torremolinos, Maribel Tocón, las ayudas se concedían única y exclusivamente para dar «cumplimiento del programa electoral que votó mayoritariamente el pueblo de Torremolinos». Los informes consideran estos dos argumentos suficientes para concluir que la ayuda al IAE no es una subvención.

Según los datos de la Delegación de Hacienda, la concesión de estas ayudas ha podido ocasionar un perjuicio a los caudales públicos que se estiman en torno a 705.000 euros. «La intención del equipo de gobierno ha sido siempre suspender estas subvenciones al existir indicios de su ilegalidad», afirmó Maribel Tocón.

A la vista de estos informes, el actual equipo de gobierno ha puesto en marcha los mecanismos para suspender las ayudas y recuperar el dinero.

Las subvenciones de hasta un 25% se aprobaron en junio de 2007 con la mayoría absoluta del Partido Popular, de forma unilateral y en solitario, con el voto en contra del resto de formaciones con representación en el pleno. «Todos los demás partidos se opusieron porque esas ayudas eran ilegales e inmorales ya que se daban a empresas que facturaban un millón de euros en cifras de negocio neto». Posteriormente, en 2012, el PP redujo las subvenciones para que fueran de un 15%.