Tribunales

El Supremo da la razón a Estepona en el despido de 176 trabajadores

La Sala Cuarta del Alto Tribunal español considera ajustada a derecho la decisión del Ayuntamiento

26.11.2016 | 14:31
Imagen del Ayuntamiento de Estepona.

El pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dio este jueves la razón al Ayuntamiento de Estepona después de que en agosto de 2012 el nuevo equipo de gobierno, presidido por José María García Urbano (PP), decidiera prescindir de 176 trabajadores que estaban contratados como personal laboral en el organigrama municipal.

El Alto Tribunal español rechaza así el recurso de casación interpuesta por el comité de empresa y varias organizaciones sindicales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya Sala de lo Social, con sede en Málaga, dio también el visto bueno a la decisión de García Urbano, muy polémica en su día porque suponía dejar en la calle a muchas personas en plena recesión económica.

El Consistorio esteponero tomó la decisión de extinguir los contratos tras finalizar el periodo de consultas sin acuerdo con los sindicatos. Así, el Supremo cree ajustada a derecho la decisión del despido colectivo al concurrir causas económicas y organizativas, absolviendo al Ayuntamiento demandado de las pretensiones deducidas en su contra. La deliberación tuvo lugar el pasado miércoles.

El TSJA dejó claro en su sentencia que había quedado demostrada «la difícil situación financiera» de la administración local, «con una importante deuda fuera del presupuesto, superior a los 165 millones de euros en agosto de 2011».

Asimismo, los magistrados del Alto Tribunal andaluz aludían expresamente a la «buena fe» del equipo de gobierno en el periodo previo a la ejecución del ERE, «con vistas a la consecución de un acuerdo que, desde un principio, se presentaba muy difícil, ante la negativa de los representantes de los trabajadores a dar su conformidad a despido alguno». Incluso, la Sala de lo Social consideró insuficientes las medidas sindicales para ahorrar seis millones de euros en la partida de personal que exigía el Estado en su plan de ajuste.

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