Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Torremolinos se encuentran valorando los resultados de las dos auditorías llevadas a cabo para conocer la gestión desarrollada por el anterior equipo de gobierno del PP. La referida al cumplimiento de la legalidad destapaba contrataciones directas, fraccionamientos irregulares de contratos o pagos sin justificar, así como otras presuntas irregularidades. Por su parte, el estudio de la parte económico financiera sacaba a la luz una deuda que ascendía a 197 millones al final de la pasada legislatura.
De esta forma, el Consistorio pretende exigir responsabilidades legales o políticas que se pudieran derivar de las actuaciones efectuadas por el anterior Gobierno local. La valoración de los servicios jurídicos será llevada a pleno, organismo que decidirá la posición del Ayuntamiento ante las irregularidades registradas.
La portavoz del actual equipo de gobierno, Maribel Tocón, remarcó durante el desarrollo de la sesión plenaria de ayer, correspondiente a noviembre, que estas auditorías demuestran que no se trata de un «conjunto de errores administrativos sin conexión, sino de un modus-operandi perfectamente orquestado y controlado por Pedro Fernández Montes, que antepuso los intereses políticos del PP por encima de los intereses de los ciudadanos de Torremolinos».
Durante las intervenciones, todos los grupos políticos con representación en el Consistorio exigieron al Partido Popular que asuma y explique los resultados de estos dos textos, «que no pueden entenderse el uno sin el otro, ya que la auditoría de cuentas desvela una trama contable, que se convirtió en el aliado suficiente y necesario que permitió al PP gobernar despreciando la legalidad como demuestra la auditoría de cumplimiento», recalcó Tocón.
