Tribunales

Un juez abre diligencias contra Oña por supuestas irregularidades en facturas

Los hechos se remontan a su etapa al frente del Ayuntamiento de Fuengirola y reflejan «indicios de varios delitos contra la Administración Pública» - El instructor se inhibe y traslada el caso al TSJA por la condición de aforamiento de la exalcaldesa

16.12.2016 | 19:50
Una imagen de Esperanza Oña durante su etapa como alcaldesa de Fuengirola.

El interventor señala

  • Se pagaron 36.766 euros a Repsol ­sin contrato
    En 2011, el Ayuntamiento de Fuengirola paga a Repsol 36.766 euros por el suministro de carburantes entre los meses de noviembre y diciembre de 2013. Este suministro se produce con el contrato ya expirado.
  • Incremento en la remodelación del Parque de España
    En noviembre de 2009, se pasa una factura de 108.231 correspondiente a los trabajos recogidos en la certificación número 1 de las obras de remodelación del Parque de España. Para el interventor, a pesar de «titularse como certificación número 1, correspondiente a una obra ya ejecutada, suponiendo el importe total facturado un incremento del 44,39% sobre el importe de la adjudicación». ­
  • Cabalgata de Reyes, en dos partes
    En 2010, se producen dos facturas por los importes respectivos de 20.600 y 3.360 euros. Los expedientes corresponden a la cabalgata de reyes del mismo año, encargándose una empresa del montaje y desmontaje, y otra del transporte de las carrozas. Para el interventor, se trata de un ejemplo claro de fraccionamiento de facturas al entender que «responden a una misma unidad funcional».

­El Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola ha abierto diligencias previas contra la actual vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz y exalcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, por una serie de supuestos delitos contra la Administración Pública durante su etapa al frente del Ayuntamiento. En el auto, con fecha del 25 de julio de 2016, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado señala que hay «indicios de la existencia de irregularidades graves en materia de contratación». Se basa para ello en una serie de contrataciones entre el periodo de 2005 hasta 2012, y que son las que posteriormente originaron un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado en un pleno ordinario celebrado el 24 de agosto de 2012.

El auto refleja que varias contrataciones muestran «incrementos en los importes de adjudicación que exceden del porcentaje legalmente admitido» o que existen facturas en las que directamente «no consta la tramitación del oportuno expediente de contratación». Además, el juez también señala la existencia de fraccionamientos en determinadas facturas que infringen «la Ley de contratos del sector público».

Estas diligencias se abren a raíz de que IU, una vez aprobado el mencionado reconocimiento extrajudicial de créditos, pusiera en conocimiento estos hechos a la Fiscalía de Málaga por si pudieran revestir carácter delictivo. Ésta decide transmitir el asunto al juzgado de instrucción de Fuengirola para que siga dilucidando el alcance de las posibles responsabilidades penales derivadas de las contrataciones. En consecuencia de que, según el auto, «existen indicios de la comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública», el juzgado acuerda la inhibición del procedimiento a favor del TSJA debido a la condición de aforada de Oña.

Como denominador común en este caso destaca que las diferentes actuaciones llevadas a cabo en materia de contratación acumularan numerosos reparos por parte del interventor municipal como muestran varios ejemplos remitidos a la Fiscalía. Así, generada durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2008, se cursó una factura por el valor de 30.398 euros correspondiente al suministro de plantas y material variado para el servicio de parques, y de la que el interventor advierte de que no consta la existencia de un contrato administrativo, pese al elevado importe acumulado de los suministros. Un hecho que se repite con dos facturas correspondientes a trabajos de asesoramiento laboral prestado en los años 2008 y 2009, donde el interventor ratifica que «no consta la tramitación de expediente alguno de contratación». Otro ejemplo, al que también hace referencia el juez en su auto, señala una factura generada por Repsol a causa del suministro de carburante entre los meses de noviembre y diciembre de 2011, y que asciende hasta los 36.766 euros. En el informe correspondiente, el interventor advierte de que estos suministros se «han efectuado una vez expirado la vigencia del contrato suscrito en su día». Además, el montante económico adjudicado en un período inferior a un mes excede el límite legalmente establecido para la contratación menor.

Las supuestas irregularidades se extienden también a varias obras realizadas en el municipio durante el periodo comprendido, en el que se han producido incrementos en los importes de adjudicación que exceden del porcentaje legalmente admitido. En 2008, se liquida la obra correspondiente a la urbanización del entorno del Elola por 86.656 euros, acumulando un incremento en la factura sobre el valor adjudicado del 14,57%, y sin que conste la tramitación del oportuno modificado. Un incremento que queda ampliamente superado por una factura que se cursa en noviembre de 2009 relativa a la remodelación del Parque de España por un valor de 100.255 euros. Según el interventor, estos trabajos habrían correspondido a una obra ya ejecutada, como lo hizo constatar en su informe sobre esta factura: «Examinada la misma, trae causa de un contrato y una obra ya ejecutada, suponiendo el importe total facturado un incremento del 44,39% sobre el importe de adjudicación (441.570 euros), sin que conste la tramitación de expediente de modificación.

El Ayuntamiento pide el archivo Una vez constatada la inhibición del juez ante el TSJA, el Ayuntamiento de Fuengirola ha recurrido esta decisión y pide el archivo de la causa al entender que se ha obrado acorde con la ley. La propia Oña, preguntada al respecto, insiste en que todo se ha hecho de acuerdo con la ley. «Se hizo un reconocimiento extrajudicial de crédito porque no hay otra figura para liquidar la deuda. Yo no voté sola, sino que el reconocimiento se aprobó en pleno», reseñó. En relación a los hechos señalados por el interventor, Oña dijo «no acordarse» y mostró su confianza en que «esto se resuelva pronto».

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