El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer en sesión plenaria una disposición para la modificación del convenio colectivo del personal laboral adscrito al propio Consistorio, con la que se permitirá continuar con los planes de empleo de la Junta de Andalucía. De esta manera se podrá contratar a un total de 204 personas en el municipio. El equipo de gobierno remarcó que se trata de una «fórmula pionera», puesto que estas iniciativas «están paralizadas en otras ciudades andaluzas».

A raíz de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde se establecía que no puede haber «diferencias salariales entre los trabajadores municipales y las personas contratadas a través de este tipo de iniciativas, son muchos los ayuntamientos que han optado por no adscribirse a estos planes».

La edil de Administración Pública, Carmen Carcía, llegó a tildar de «posición pasiva» la decisión de esos consistorios. «Teníamos dos opciones, o renunciar a los planes y perder 204 puestos de empleo en Torremolinos o buscar una solución jurídica y eso es lo que hemos ratificado hoy en pleno». Esta fórmula aprobada ya en pleno cuenta con asesoramiento de letrados laboralistas, hasta el punto de «estar avalada por un informe del secretario general del Ayuntamiento y consensuada con los sindicatos».

En dicho documento se recoge que los trabajadores que sean contratados a través de subvenciones o fondos de otras administraciones no se adhieren al convenio colectivo municipal. En caso contrario, «el Ayuntamiento asumiría un sobrecoste de aproximadamente un millón de euros y no podríamos hacer frente», continuó la edil.

«No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, pues son muchas las familias que dependen de estos puestos de trabajo, por lo que hemos buscado la mejor solución posible con una política activa de cara al bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo otros grupos políticos de la corporación municipal han optado por una posición pasiva sin asumir el riesgo y optando por la abstención en esta iniciativa», agregó.

«Torremolinos necesita medidas de fomento de empleo y sería una irresponsabilidad política además de una inmoralidad no buscar una solución a un futuro problema relacionado con una reclamación laboral. Este equipo de gobierno, con el apoyo de IU y PP, aboga por encontrar el mejor soporte jurídico y solventar el obstáculo de la sentencia del TSJA», finalizó la propia García.