Tribunales

CSIF pide un sexto juzgado para Estepona y un palacio de justicia que agrupe las sedes

El sindicato reclama otro órgano de Violencia sobre la Mujer, separar Civil y Penal, y denuncia que en seis años han pasado por el municipio 24 jueces, por lo que reclama que se eleve la categoría de la plaza y evitar que se marchen a los dos años

12.02.2017 | 00:37
Imagen de una de las sedes judiciales de Estepona.

La responsable provincial del sector de Justicia en Málaga del sindicato CSIF, María Angustias González, ha pedido, tras un completo informe sobre el partido judicial de Estepona, la creación de un sexto juzgado mixto en el municipio, otro más de Violencia sobre la Mujer, separar las jurisdicciones Civil y Penal, un palacio de justicia para la ciudad que acabe con la dispersión de sedes judiciales, y elevar la categoría de la plaza de juez a magistrado, de forma que estos no estén sólo dos años al frente de los órganos.

Este último problema tiene especial relevancia, porque los jueces, normalmente recién salidos en la carrera, recalan en Estepona, ascienden a magistrados y luego abandonan la plaza. Entre 2010 y 2016, 24 togados han pasado por los juzgados esteponeros.
CSIF, en el estudio remitido a la Consejería de Justicia, califica la situación de «dramática», dado que se trata de un extenso partido judicial que abarca también Manilva y Casares. Estepona, señala González, tiene más de 100.000 habitantes, Casares 5.954 y Manilva 14.597. Asimismo, según un informe de la juez decana de Estepona, en agosto de 2015 se alcanzó un pico de 146.484 habitantes, por lo que la población aumenta un tercio en periodo estival.

Desde 2009, cuando se creó el Juzgado Mixto número 5 de Estepona, no se ha vuelto a crear ningún otro órgano en la ciudad «ni se han previsto aumentos de plantilla en los existentes». Asimismo, el partido se compone únicamente de cinco juzgados mixtos, «de los que en concreto el número 3 tiene asignada la jurisdicción de violencia de género, además de las propias de estos órganos en materia Civil y Penal. También el número 2 comparte además de estas especialidades el Registro Civil», dice González.

Asimismo, dada la ubicación del partido en la Costa del Sol, los asuntos civiles con la crisis económica se han multiplicado de manera desorbitada desde 2010, ya «que su cercanía con el paraíso fiscal de Gibraltar ha hecho, en periodos de bonanza económica, que las poblaciones de Estepona, Manilva y Casares fueran lugares ideales para invertir en ladrillo».

Recuerda CSIF «los asuntos penales de especial y compleja tramitación, derivados de la corrupción urbanística» y que han recaído en todos los juzgados: caso Astapa, la corrupción en Manilva o Majestic en Casares.

La sobrecarga no se ha reducido ni aún saliendo de la crisis económica. Así, cada juez en Estepona tiene que conocer alrededor de 1.200 asuntos civiles al año y 3.000 expedientes penales. Asimismo, han de ser tramitados por siete funcionarios divididos entre las secciones Penal y Civil. A cada uno de ellos le corresponde 400 carpetillas civiles y 1.000 penales.

A ello hay que unir la enorme complejidad de algunos procedimientos como el caso Astapa, con más de 700 tomos. «El volumen de trabajo es a todas luces insoportable e imposible de llevar a cabo, cumpliendo los plazos que marca la ley», añade González..

A esta «penosa» situación que sufren los juzgados se suma que, al ser mixtos, «se encuentran servidos por jueces y no magistrados, con lo que tras permanecer el tiempo indispensable en estos órganos, piden el traslado al cumplir el periodo de dos años en el mismo, lo que supone una paralización de procedimientos, de la confección de las estadísticas, firmas independientes, estar a la espera de un nuevo juez o secretario que debe ponerse al día, etcétera...», añade.

A ello se agrega que los juzgados se encuentran en tres sedes distintas, lo que conlleva la ralentización de la comunicación entre órganos con tareas comunes, como recibir y recoger las demandas y escritos en el juzgado decano, «así como el baile de público que no conoce en la mayoría de las veces cuál es el juzgado al que se deben dirigir, la falta de adecuación de las instalaciones, ya que no cuentan con salas de víctimas separadas de los detenidos, o archivos en los trasteros de edificios, con el riesgo de que cualquier persona pueda acceder a ellos». Además, el Ayuntamiento ha pedido a la Junta que el edificio que ocupan los juzgados 1 y 2 vuelva a uso municipal, ya que se trata de una concesión que finaliza en 2018.

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