El responsable de una gestoría ha sido detenido por la Policía en la localidad malagueña de Estepona por una presunta estafa de más de 10.500 euros a tres de sus clientes, con los que mantenía una amistad que aprovechó para que le confiaran su dinero.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2016 al recibir la denuncia de un ciudadano que ponía de manifiesto que a una persona de su confianza, responsable de una gestoría de la localidad, le confió 5.835 euros para que le realizara los trámites pertinentes sobre unos impuestos de sucesiones.

Transcurrido el tiempo descubrió que no le había hecho el oportuno pago por lo que le solicitó que le devolviera el dinero, y el hombre le dio dos cheques bancarios asociados a una cuenta corriente que estaba sin fondos, ha informado hoy la Policía en un comunicado. Posteriormente, los investigadores comprobaron la existencia de otros dos clientes de la gestoría regentada por el investigado que también habían sido estafados con idéntico "modus operandi".

En el primero de los casos, según las pesquisas, el investigado, amigo de la víctima, le realizaba la declaración de la renta desde hacía varios años. Así, en el ejercicio de 2015 el declarante tenía que pagar a la Agencia Tributaria cerca de 2000 euros y, para hacer frente al pago, efectuó varios ingresos en la cuenta del investigado con la finalidad de que éste, a través de pagos fraccionados, se encargara de abonar el importe total.

El investigado no solo no realizó los correspondientes pagos sino que, además, se apropió del dinero, lo que causó un quebranto económico al perjudicado al tener que hacer frente al pago con intereses de la deuda que el organismo le reclamó.

En el segundo caso, el damnificado, al que le unía una relación de amistad desde hacía casi una década, le embaucó para realizar un negocio a medias, consistente en comprar una vivienda, que resultó ser ficticia, con cuya posterior venta obtendrían unos considerables beneficios.

Confiando en el buen hacer de su amigo, el hombre accedió y aportó para la compra del inmueble varios pagos cuyo importe total ascendía a más de 3.300 euros.

Finalmente el investigado le reconoció que no había ninguna compra de vivienda y que el dinero lo necesitaba pero que se lo devolvería, aunque nunca se lo reintegró.