El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó ayer en pleno, con los votos a favor de los grupos socialista y de C´s, y la abstención de PP, CSSP, IU y el concejal no adscrito, un nuevo plan económico-financiero con vigencia hasta finales de 2018 y cuyo objetivo es «sanear las arcas municipales y rebajar la deuda no contabilizada por el anterior equipo de gobierno».

El gobierno local remarcó que la deuda no reconocida es de 87,5 millones y en total suma 200 millones. «De esta manera se cumple con la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reconociendo dicha deuda en ejercicios sucesivos para proceder al pago de la misma y volver a la senda de la estabilidad presupuestaria», manifestó la portavoz del gobierno local y edil de Hacienda, Maribel Tocón.

La concejala añadió que se trata de una «obligación legal» y no de una voluntad política. Se trata de «una hipoteca que nos ha dejado el PP, que mientras generaba más y más deuda y no la reflejaba en las cuentas públicas, utilizando el dinero de todos en subvenciones ilegales como vamos a ver en el siguiente punto del orden del día».

«Tenemos que aprobar un plan de medidas económico-financieras debido a que durante años no se han contabilizado una serie de gastos millonarios derivados de incumplimientos con la Seguridad Social, con el Ayuntamiento de Málaga, así como otros pagos de sentencias entre las que destaca la reconocida con Fomento Construcciones y Contratas, entre otras», agregó la edil.

En su exposición ante el pleno, también se refirió a la auditoría de cuentas impulsada por el actual equipo de gobierno, la posterior certificación de la deuda por parte de intervención, «más recientemente en la cuenta general y por último en la liquidación del ejercicio 2016».

«Es una deuda que tiene que quedar claro que fue generada por la gestión del PP y que fue expresamente escondida y no reconocida por este partido», especificó la socialista.

Tocón matizó que la deuda no contabilizada hace que no se cumpla el objetivo de estabilidad, por lo que la ley obliga a adoptar unas medidas económicas que permitan sanear esta inestabilidad generada por esta deuda, que cuenta con consignación en los presupuestos de los ejercicios 2017-que previsiblemente se aprobarán en las próximas semanas- y 2018.

Con esa premisa, la portavoz apeló «al sentido de la responsabilidad de los portavoces que apoyaron el cambio para invitarles a la reflexión en torno a que que los presupuestos ilegales del PP no pueden ser la carta de presentación de este ayuntamiento».

Entre las medidas que plantea este plan señala, por un lado, el control del gasto con medidas como eliminar las competencias impropias del Ayuntamiento o que el gasto sea gestionado y fiscalizado por Intervención. También apunta a que se incentiven los ingresos con medidas como potenciar la inspección tributaria o el patrocinio de eventos. Como medidas de racionalización, el plan recoge la integración de Samset en el Ayuntamiento y la fusión de Aselimsa por Litosa «por su similitud».