Corrupción

El juez del caso Astapa procesa a 94 personas y ve financiación irregular en el PSOE

El caso se cierra con 94 procesados - Había tres cajas, una legal, otra para los patrocinios y donaciones y una tercera con la que se financiaban campañas y que incluían pagos tales como viajes, relojes o prostitutas

23.05.2017 | 17:50
Una imagen del Ayuntamiento de Estepona, el día que se inició la investigación, en 2008.

El juez del caso Astapa, contra la corrupción urbanística en Estepona, Jesús Torres, dictó este lunesel auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado (similar al auto de procesamiento en el sumario, es decir, en casos en los que son susceptibles de ser impuestas penas superiores a nueve años de prisión) y ordenó, por tanto, que se siga la causa contra 94 investigados, dejando fuera del proceso a 26 encausados. Durante la larguísima tramitación de este procedimiento, han fallecido cuatro de los investigados, y la decisión del instructor pone fin a la instrucción: las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008 y la denuncia de los ediles socialistas David Valadez, que luego fue alcalde, y Cristina Rodríguez, está fechada el 16 de noviembre de 2006 ante la Policía Nacional. El juez ve indicios de la financiación irregular en el PSOE de la época en el municipio y en su socio de Gobierno, el PES.

La investigación, por tanto, se ha prolongado durante diez años y medio, ha contado con una acuciante falta de medios, con las unidades policiales desbordadas y con problemas con las sociedades que debían hacer las valoraciones urbanísticas y con las unidades que habían de efectuar los estudios patrimoniales. Ni siquiera pudieron los investigadores manejar parte de la documentación escaneada. Todo eso tendrá su reflejo en la futura sentencia en forma de atenuantes por dilaciones indebidas a los que resulten condenados.

En el campo de la instrucción, el juez da 60 días al fiscal y a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio oral y formular escrito de acusación. Entre los investigados que ya son «procesados», están el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos (prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo); el portavoz del Partido Estepona (PES) y exgilista José Ignacio Crespo (falsedad, prevaricación, nombramiento ilegal, aceptación de nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, malversación con ánimo de lucro, negociaciones fraudulentas y blanqueo), el ex jefe de gabinete de alcaldía, José Flores, conocido como «el Señor de los Hilillos» (cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo), otros exconcejales y varios empresarios muy conocidos en los años de vino y rosas de la Costa del Sol.

El juez ve indicios racionales de criminalidad muy «llamativos» cometidos entre 2003 y 2008 en el seno del Ayuntamiento. Así, en un primer gran bloque, queda supuestamente acreditado que en el ámbito de la contratación administrativa «las adjudicaciones de contratos en un número elevadísimo eran a dedo». Además, «se prescindía de las vías legales y del procedimiento establecido, bien partiendo contratos, adjudicándose a entidades con pocas solvencia económica o a entidades recién constituidas que además presentaban la oferta menos ventajosa para el Ayuntamiento». También se hacían, dice el instructor, «paripés o pantomimas para aguardar apariencias y darse a quien finalmente se pretendía y que es lo que ocurrió con el tema de la renovación de chiringuitos, la remodelación del Palacio de Congresos, la adjudicación del Congreso Mundial de Agencias de Noticias, que empieza a trabajar meses antes –grupo Drive Music–, incluso antes de que se le concediera el contrato, y así un largo etcétera...».

Añade Jesús Torres que «los tratos de favor, presentando aún inconvenientes el otorgamiento de licencias de primera ocupación, daba lugar a la agilización de expedientes para la llegada al buen éxito del empresario».

Los convenios urbanísticos, sobre todo los de aprovechamientos, «se infravaloraban» gracias a las contraprestaciones de los empresarios, que eran exigidas, de ahí «las anotaciones manuscritas de donaciones urgentes» y otros cuadernos de notas de personal del Ayuntamiento con tantos por ciento.

Hubo, incluso, señala Torres, dádivas y regalos «en dinero o especie», según las periciales patrimoniales e informes policiales: Lo son, aclara, «obras de reforma en un domicilio particular, pago de muebles, viajes, y por entidades con intereses pendientes en el Ayuntamiento, cuando los perceptores de esos regalos son personas a las que les corresponde decidir tales intereses».

El cuarto gran bloque es la financiación irregular del PES y del PSOE, que se denota de los pagos efectuados por entidades con intereses urbanísticos pendientes en Estepona y con el abono de conciertos y en efectivo de «cantidades escandalosas, hasta con billetes con valor facial de 500 euros –como ocurrió presuntamente con el concierto de Los del Río–; billetes que no son excepción, porque en los registros se aprehendió dinero de estas características». Además, los empresarios son llamados por soborno, dado que accedieron a los pagos «exigidos al Ayuntamiento para no frustrar los intereses pendientes de dicho consistorio». También hay delitos urbanísticos, facturas falsas y blanqueo en otros encausados.

En cuanto a la financiación irregular, habla el juez de tres cajas en el Ayuntamiento: la A, que son las actuaciones fiscalizadas; la B, patrocinios, donaciones, etcétera... pagadas por personas con intereses urbanísticos; y la C, regalos y dinero abonados por personas relacionadas con el Ayuntamiento y que financiarían las campañas (televisores, viajes, relojes, prostitutas, transferencias). Son irregularidades en grado «superlativo».

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