El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que investiga el caso Astapa, sobre la presunta corrupción urbanística y política en dicha localidad, ha acordado seguir esta causa contra una persona más, con lo que se elevan a 95 los investigados que continúan inmersos por el momento en este procedimiento abreviado.

En este caso, cuya instrucción está en fase de concluir tras diez años, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" en el momento investigado --PSOE y PES-- y "enriquecerse personalmente".

El fiscal recurrió el auto de transformación a procedimiento abreviado, por el que se acordó seguir la causa contra 94 personas, en el sentido de solicitar que se incluyera a una más entre esos procesados, ya que había sido omitida; recurso que ahora el instructor ha estimado, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, al considerar que existen indicios para ello.

Según el juez, este procesado tiene supuestamente una participación en los hechos que es "exactamente la misma" que otros dos empresarios investigados, en relación con uno de los ejes de la causa, como es la presunta "irregularidad en materia de adjudicación de contratos administrativos y las contraprestaciones que se efectuaban a cambio de esos favoritismos".

Atendiendo a esto, el instructor considera que los hechos por los que debe seguir esta persona en el procedimiento podrían constituir delitos de fraude, malversación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En cuanto a los indicios, se remite a los informes periciales y a la documental existente en la causa.

Además del ministerio fiscal, han sido numerosos los abogados defensores que han recurrido ese auto en el que se acordó seguir la causa contra 94 personas --ahora 95--. De hecho, en dos días, el juzgado ha recibido gran cantidad de escritos relativos a distintos tipos de recursos --reforma, apelación o aclaración--, han asegurado fuentes judiciales a Europa Press.

Las fuentes han señalado que se van resolviendo los recursos conforme llegan al juzgado, apuntando que por el momento se están denegando más recursos de los que se han admitido, fundamentalmente por estar fuera de plazo los escritos presentados.

Este procedimiento sigue contra el exalcalde Antonio Barrientos, exediles, empresarios, abogados, y arquitectos municipales. Se investigan delitos de cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias y actividades profesionales prohibidas, entre otros.

Así, según el auto de procedimiento abreviado, de 227 folios, "en el ámbito de urbanismo es donde se concentra principalmente la auténtica clave de arco de la irregularidad que entra dentro del ámbito penal", fundamentalmente en los aprovechamientos de los convenios urbanísticos. De hecho, se han analizado 38 convenios, apuntando a "infravaloraciones" en muchos de ellos.

No obstante, también se alude a presuntas irregularidades en la contratación y en materia de financiación, no sólo de partidos que estaban en coalición, sino del propio Ayuntamiento, apuntando en este sentido el juez que "se desprende con carácter indiciario que en el marco del Consistorio se llevaba en cuanto a su actuación se refiere y a la fiscalización, el sistema llamado de la 'triple caja'".

El instructor ponía de manifiesto en su resolución que "empresas y empresarios con intereses urbanísticos en Estepona tenían que efectuar pagos para no frustrar las expectativas que pudieran tener en el Consistorio". También se refiere el juez a supuestos pagos irregulares para financiar eventos organizados por varias concejalías.