Yolanda Almida y sus dos hijos de 9 y 16 años vuelven a encontrarse al borde del desahucio. Esta familia, que reside en la calle Molino del Pato de la localidad del Torremolinos, ya logró paralizar hace un mes el lanzamiento, un trámite que está de nuevo programado para hoy viernes, a partir de las diez de la mañana.

En este último mes, la afectada no ha conseguido llegar a un acuerdo con la entidad Banco Popular, propietaria de la vivienda, para establecer una solución que beneficie a ambas partes, ya que la empresa «da la callada por respuesta».

«Como no se pare el desahucio, yo de mi casa no me muevo porque no tengo dónde ir», manifestó ayer Yolanda a La Opinión de Málaga, sin poder contener las lágrimas.

Esta vecina de Torremolinos espera que hoy vuelva a detenerse el lanzamiento gracias a la presión popular y de los propios miembros del Ayuntamiento de la localidad de la Costa del Sol, que estarán presentes para intentar alcanzar un acuerdo de última hora con el banco.

Precisamente, el Consistorio, a través del concejal Pedro Pérez, ha intentado contactar en multitud de ocasiones con la entidad bancaria, «pero lamentablemente, tanto desde el propio banco como desde los gabinetes de abogados a los que me han derivado, sólo he encontrado el rechazo frontal a sentarse a hablar del tema», apuntó el edil.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torremolinos han aprobado en los presupuestos municipales una partida de 200.000 euros para ayudas al alquiler. Una línea de subvención destinada a familias que carecen de medios económicos, como es el caso de la de Yolanda.

Pérez aseguró que «a través de esta ayuda al pago de alquiler, junto con la aportación, también económica, de Emergencia Social, es factible encontrar en este caso una solución que dé cumplimiento al contrato en vigor entre las partes y permita permanecer en la vivienda a esta familia». Pero el banco no negocia.

Yolanda, de 44 años, está divorciada y, además, presenta un trastorno de estrés postraumático desde hace 15 años que le impide desarrollar cualquier actividad profesional. Por ello, únicamente ingresa 700 euros correspondientes a su pensión con los que tiene que asumir el pago de los préstamos pendientes al Banco Popular, los suministros básicos para llevar una vida normal y los gastos referidos a la alimentación, aseo y la escolarización de sus dos hijos.

Actualmente, esta vecina de Torremolinos no puede asumir dichos pagos con solvencia.