Ocho años después de que un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Manilva denunciaran las presuntas irregularidades que estarían cometiendo los entonces miembros del equipo de gobierno municipal, la justicia ha sustanciado la primera de las causas en las que se dividió la investigación en torno la supuesta corrupción de IU en este municipio y que pusieron el foco sobre una trama de «enchufismo», adjudicación irregular de contratos, bonificaciones y trasvase de fondos públicos. Presuntos delitos que alcanzan de lleno a la exalcaldesa Antonia Muñoz, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 35 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. Ahora se sentará en el banquillo de los acusados junto a su sustituto en el cargo, Emilio López, el actual regidor, Mario Jiménez, y cuatro cargos municipales, después de que la titular del juzgado de instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, haya acordado la apertura de juicio oral.
Según se recoge en un auto emitido por la instructora el pasado 15 de enero, y al que ha tenido acceso este periódico, la exalcaldesa es la que sale peor parada tras las pesquisas de los agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil, ya que se enfrenta a ocho años de prisión y 35 de inhabilitación, además de tener que depositar una fianza de 289.546 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias» que se pudiesen derivar del proceso.
Esta parte de la investigación se centra en las inyecciones económicas que el Consistorio, entonces dirigido por Antonia Muñoz, realizó a la entidad urbanística El Hacho, y que se aprobaron a pesar de contar con informes contrarios de la Intervención y la Tesorería. Unas operaciones que, según el Ministerio Público, apoyaron los acusados en junta de gobierno «a sabiendas» de que eran ilegales.
Uno de los señalados es el entonces líder de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM), Emilio López, socio de gobierno de IU y que se hizo con la vara de mando cuando Muñoz dimitió cercada por los escándalos. Se enfrenta a 4 años de cárcel y 17 de inhabilitación.
Esta es la misma petición que se solicita para el actual alcalde, Mario Jiménez (Compromiso Manilva y exIU), y para otros tres ediles, uno de ellos -Francisca López- sigue en el equipo de gobierno al frente de la concejalía de Limpieza y Embellecimiento.
El regidor se ha sacudido la acusación de la Fiscalía y, a pesar del revés que supone la apertura de juicio oral, parece complicado que dimita de su cargo, sobre todo porque sus dos socios de gobierno, IU y PP, han expresado su intención de seguir apoyándolo.
La postura de la coalición de izquierdas no genera ninguna sorpresa, ya que en el pasado sus dirigentes provinciales, autonómicos y nacionales arroparon a Antonia Muñoz a pesar del cúmulo de indicios que la Guardia Civil fue acumulando contra ella, como su llamativo enriquecimiento. Menos comprensible parece la decisión de los populares de compartir ejecutivo con imputados y procesados a los que denunciaron en el pasado.
Mejor parado ha salido -por ahora- otro exregidor del municipio: Diego Urieta, actual concejal de Educación, Turismo y Agricultura e investigado en otras piezas del caso. La juez ha acordado el «sobreseimiento provisional parcial» de esta causa para él; medida que ha hecho extensible al esposo y la hija de Antonia Muñoz, Valentín Carayol y Estela Carayol. Ésta fue imputada después de que los agentes del Instituto Armado comenzasen a indagar sobre su contratación en la entidad urbanística El Hacho. Más oscuro parece el panorama judicial de su padre, elemento clave de la pieza que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos municipales.
Las empresas de éste, Carpintería Valentín S.L. y Muebles y Decoración Valentín, fueron agraciadas con un total de 43 contratos municipales por un valor de más de 200.000 euros. Mientras que la constructora de un primo de Antonia Muñoz recibió en torno a medio centenar de trabajos, que le reportaron casi medio millón de euros en tan solo tres años. Muchas de estas facturas contaban con reparos de la interventora, ya que al superar los 3.000 euros requerían la presentación de tres presupuestos, cosa que el Consistorio no realizó.
Los agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio revisaron las actas de las comisiones y las juntas y concluyeron que los miembros del entonces equipo de gobierno y los ediles de la oposición no se opusieron al abono de estos trabajos. Un hecho que los investigadores consideraron muy extraño porque era público que Valentín Carayol era el marido de la alcaldesa y otorgarle trabajos violaba abiertamente la Ley de Contratos Públicos. «No está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección por no contar con expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura», señaló la juez en un auto.
Las pesquisas revelaron presuntas irregularidades en proyectos como el centro de interpretación Viñas de Manilva, con un elevado sobrecoste final de los trabajos que hubiese exigido un procedimiento negociado de publicidad para la contratación de los mismos.
La tercera pieza en la que se acordó dividir la investigación -cuya instrucción acumula más de 11.000 folios- fue la espita por la que comenzó a fluir el cúmulo de presuntas ilegalidades que conformaron el llamado Caso Manilva: los 470 casos de «enchufismo» documentados por los agentes.
En el epicentro de sus indagaciones se sitúa el entramado supuestamente tejido por los entonces dirigentes de la ejecutiva local de IU para presuntamente favorecer la contratación de más de 80 miembros, familiares y simpatizantes del partido. Hermanos, primos, sobrinas, nueras, cuñados o suegra fueron algunos de los vínculos destapados por la investigación. Aunque no era la única vía de entrar a trabajar en el Ayuntamiento. Tener el carné del partido o votarlo eran otros «requisitos» que facilitaban el acceso a un puesto en el Ayuntamiento. La exalcaldesa era la que se llevaba la palma: la Guardia Civil constató hasta 15 contrataciones presuntamente irregulares de miembros de su familia.
En total se piden 35 años de encarcelamiento para todos los encausados y 592.658 euros en fianzas. Contra este último auto no cabe recurso.
