La asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol ha aprobado, con los votos a favor de PP, Compromiso Manilva y OSP (la abstención del PSOE y el voto en contra de IU) instar al Ayuntamiento de Torremolinos a que enmiende el defecto de forma o anule el acuerdo aprobado en el pleno del Consistorio el 22 de marzo, por el cual revocó a Margarita del Cid como representante de Torremolinos en el ente comarcal que ella misma preside.
Además, insta al Ayuntamiento de Torremolinos a cumplir el artículo 3 de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental a la hora de retirar la representatividad a uno de sus concejales.
La decisión de la asamblea de la Mancomunidad Occidental se basa en un informe de la secretaria del ente, que detalla que "los concejales integrantes de la Asamblea de la Mancomunidad se designarán por el pleno de cada municipio a propuesta del grupo político que a ello tuviera derecho".
El informe añade que "la designación por los plenos municipales de concejales de otros grupos políticos que a ello no tuvieran derecho constituye una vulneración del derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos del artículo 23 de la Constitución respecto a los grupos políticos que les correspondería dicho derecho, quienes podrán interponer frente a dichos acuerdos municipales el correspondiente recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales".
La Mancomunidad explica que el mandato de los concejales miembros de la asamblea se extinguirá al cesar en el cargo como concejal de su ayuntamiento o porque así lo apruebe dicho ayuntamiento "a propuesta de los grupos políticos a municipales que a ello tuvieran derecho, así como en el caso de renuncia o fallecimiento".
Por ello, el ente insiste que tanto la designación como la extinción de la condición de miembro de la asamblea de la Mancomunidad debe ser acordada por cada pleno "a propuesta de los grupos políticos municipales que a ello tengan derecho como consecuencia de la aplicación de lo previsto en el artículo 3 de los estatutos y 67.2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía", que establece que las designaciones deben respetar la representatividad de los partidos en función de los resultados emanados de las urnas.
La asamblea de la Mancomunidad explica que la recusación de Del Cid se votó primero a instancias del grupo municipal Izquierda Unida y después por la vía de urgencia a propuesta de un concejal no adscrito del Ayuntamiento, y no a instancia del Partido Popular, al que pertenece Margarita del Cid y del que es candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales.
Por ello, el ente comarcal insta al Consistorio a que subsane este requisito y anuncia su impugnación a través de un contencioso administrativo (el PP ya ha interpuesto otro), al pretender aplicar su decisión sobre otra administración cuando contraviene los estatutos de ésta última.
El informe de la secretaría general de la Mancomunidad añade que el hecho de que el Ayuntamiento contradiga la decisión de un grupo político en este sentido, supone otorgarle un derecho de veto que vulneraría el derecho de participación política en los asuntos públicos reconocido en el artículo 23 de la Constitución.
Añade el informe que dejar la elección de los representantes en manos del pleno podría dejar en manos del gobierno municipal la decisión de la representación que corresponde a otros grupos políticos diferentes a los que tienen la mayoría en el pleno.
Por otra parte, se advierte que los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales prohíbe que se pueda tratar por vía de urgencia asuntos ya incluidos en el orden del día, como fue el caso de la recusación de Margarita del Cid.
Además, la declaración de urgencia se aprobó con el voto de calidad del alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y no con mayoría absoluta, como establece el artículo 83 de dicho reglamento.
Por todo ello, se estima nulos los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Torremolinos al que se insta que subsane los errores de procedimiento a la hora de destituir a Margarita del Cid como representante en la Mancomunidad o los anule.
