Torremolinos tendrá que volver a ratificar en pleno los presupuestos del año 2017, después de que el juzgado número 5 de Málaga haya condenado al equipo de gobierno socialista de la localidad a la retroacción de la actuación administrativa municipal en la aprobación de las cuentas el pasado ejercicio. Así lo dio a conocer ayer el PP, que confirmó que se presentarán además en la próxima sesión plenaria sus alegaciones al documento económico local.

La candidata a la Alcaldía por los populares en la localidad, Margarita del Cid, aseguró que «el juzgado ha declarado que se han vulnerado los derechos fundamentales de los concejales del PP y como consecuencia se anula la aprobación de los presupuestos de 2017 en sesión plenaria del mes de julio de ese mismo año».

«El Partido Popular ya lo adelantó el mismo día del pleno municipal al propio alcalde, ya que no se nos permitió que nuestras alegaciones, que habíamos presentado en tiempo y forma, se debatieran y se incluyeran en comisión informativa. Ese atropello hacia los concejales populares es lo que ha hecho que el propio fiscal pidiese que se condenase al Ayuntamiento de Torremolinos y, de la misma forma, lo ha considerado el juez, sentenciando que queda anulado dicho acuerdo plenario en relación a los presupuestos en cuestión», indicó la responsable de la formación.

En este sentido, Margarita del Cid manifestó que «la señora Tocón -edil de Hacienda- debe convocar urgentemente una junta de portavoces en este Ayuntamiento». «No hay en estos momentos asunto más importante en este Consistorio que deba ser tratado de forma tan urgente como dilucidar en qué estado se encuentran ahora nuestros presupuestos, ya que gracias a estos continuos atropellos del equipo de gobierno socialista hacia los concejales de la oposición hemos vuelto a los de 2015», añadió.

«Es un dudoso honor que después de 30 años de vida de este Ayuntamiento desde que es independiente de Málaga, haya sido condenado un equipo de gobierno por la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales del pleno. No sólo esta vez, sino que cada vez que consideremos que nuestros derechos son vulnerados vamos a seguir acudiendo a la administración de justicia», recalcó la popular.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Maribel Tocón, aseguró que no tienen «ningún ánimo de vulnerar los derechos fundamentales de nadie, porque nunca ha sido esa la intención de esta concejala», por lo que indica que llevarán el asunto al próximo pleno con la intención de «corregir este defecto formal».

De la misma forma, destacó que «los presupuestos de 2017 se han ejecutado en un 96 por ciento, con lo cual, los objetivos están cumplidos, con actuaciones como la peatonalización del centro, planes de empleo o el abono de la paga extraordinaria del año 2012 que se había retenido a los trabajadores».

Tocón reiteró que se trata de un «problema meramente administrativo, sin ninguna consecuencia para el ciudadano, puesto que no conlleva ningún riesgo de las inversiones realizadas» y volvió a hacer hincapié en que los presupuestos son «austeros».