Las urbanizaciones de Mijas necesitan de 42 millones de euros en obras para completar los planes residenciales aprobados en su día, si quieren pasar a depender del Ayuntamiento.
Así lo anunció ayer el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (Cs), quien presentó el resultado de la auditoría elaborada por las empresas Cemosa e Ingenia sobre el estado de las más de 200 urbanizaciones la auditoría elaborada por las empresas Cemosa e Ingenia sobre el estado de las más de 200 urbanizacionesque se han ido construyendo a lo largo y ancho de todo el término municipal en todos estos años.
La idea del equipo de gobierno es dar el servicio que demandan los vecinos de estas zonas del municipio y que hasta ahora se costean los propios residentes. Alumbrado, limpieza viaria, mantenimiento del asfalto...
De hecho, la iniciativa forma parte del pacto de estabilidad por Mijas suscrito por Ciudadanos, el PSOE y Costa del Sol Sí Puede.
«Estamos dando un paso importante y decisivo para estos vecinos. La auditoría refleja que el Ayuntamiento ya puede recepcionar 39 urbanizaciones a coste cero. Ahora tienen que ser los residentes en todos los casos los que decidan en sus respectivas asambleas de comunidades si quieren ser partícipes o no de este proceso», explicó Juan Carlos Maldonado.
El alcalde destacó que «ningún otro gobierno se ha preocupado por estos vecinos. Para el ejecutivo que presido, todos los mijeños son iguales, vivan en el sitio de Mijas que vivan, y por ello hemos llevado a cabo esta iniciativa».
Sin embargo, para que la mayoría de urbanizaciones pueda pasar a depender del Consistorio tienen que ejecutar obras de infraestructuras por valor de 42 millones de euros.
Se trata de obras contempladas en los planes de urbanización de estas zonas residenciales pero que a pesar del paso de los años aún no se han ejecutado.
En este sentido, el alcalde añadió que van a encargar un informe jurídico a un catedrático o un experto en la materia que dirima quién tiene la obligación de sufragar estas infraestructuras. «Mientras, sabemos que existen 39 cuyo proceso puede comenzar mañana y que está en sus manos. Evidentemente el Ayuntamiento no va a obligar a nadie. Es una opción que se ofrece a los vecinos y a ellos les corresponde tomarla o rechazarla», dijo el regidor.
El primer teniente de alcalde, Josele González, explicó que las urbanizaciones han pasado de ser lugares de segunda a primera residencia y reclaman colegios y servicios básicos para sus hijos.
«Queremos hacerlo todo de forma transparente para establecer una hoja de ruta y podamos decidir junto a los vecinos cual es el camino adecuado», dijo.
El alcalde y varios concejales se reunieron ayer con los representantes de las urbanizaciones Riviera del Sol y Calypso para analizar sus casos concretos y mantendrán reuniones con el resto de urbanizaciones para analizar caso por caso.
La auditoría ha estudiado las calles, zonas verdes y sistemas técnicos de cada urbanización; la obras ejecutadas conforme al planeamiento y las que quedan por ejecutar. Ha valorado el coste de las obras pendientes y lo que costaría el mantenimiento de los servicios (alumbrado, recogida de basura, limpieza viaria, asfaltado...).
Asimismo, ha analizado el coste del mantenimiento en el futuro de estos conjuntos residenciales y ha consultado a compañías suministradoras de servicios básicos.
A partir de ahora serán los vecinos y el Consistorio quienes decidan el ritmo de recepción de las urbanizaciones en función del grado de ejecución de las infraestructuras y de las posibilidades presupuestarias.
