La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha respondido hoy en la sesión de control al Gobierno a la actuación de su Departamento en el caso de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y ha asegurado que han actuado "de acuerdo con todas las posibilidades que le otorga la ley sobre las ocho entidades de gestión autorizadas, incluida SGAE".

De esta forma respondía a la pregunta del diputado popular Rafael Rodríguez-Ponga recordando además que el Gobierno tendrá ocasión de aclarar todas las cuestiones vinculadas al régimen jurídico de las entidades de gestión esta misma tarde en la Comisión de Cultura.

Rodríguez-Ponga ha criticado el seguimiento y la actuación de Cutura en esta cuestión: "La sensación es que ha habido dejación de competencias", ha dicho para luego añadir que "parece que hay incompetencia".

"Esclarecer los hechos

Por su parte, Sinde ha respondido que ese control que se ha ejercido sobre las entidades de gestión "corresponde en derecho al Ministerio" y ha recordado al diputado popular que él lo sabe porque fue director general de Comunicación y Cooperación del Ministerio entre 1996 a 2000, "periodo en el que autorizaron esta modificación de estatutos que permitió a unas entidades sin ánimo de lucro tener sociedades mercantiles".

Según la ministra, esa sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 "limita las competencias de vigilancia y control del Ministerio" que, en el momento actual, se circunscriben a "autorizar a una entidad legalmente constituida para actuar como entidad de gestión; revocar dicha autorización concedida; aprobar las modificaciones de los estatutos de las entidades de gestión; y recabar y recibir toda documentación y datos sobre la compensación equitativa por copia privada". "Estas competencias las ejerce el Ministerio cumpliendo su responsabilidad y sometida al derecho", ha dicho.

En este sentido, la titular de Cultura ha pedido a Rodríguez-Ponga que "no confunda a la opinión pública mezclando la actuación de unos gestores particulares con las entidades de gestión en general", quienes, en su opinión, son "las auténticas víctimas del proceso". "Nuestro deber es salvaguardar los intereses que legalmente les corresponden y hasta que haya sentencia no habrá culpables. El Ministerio colaborará con la justicia en todo aquello que sea preciso, porque queremos esclarecer los hechos", ha afirmado.

Competencias bien definidas

El diputado popular ha indicado que el Ministerio tiene "competencias bien definidas" en materia propiedad intelectual que figuran en la Ley de Propiedad Intelectual así como en la sentencia del Tribunal Supremo y en la del Tribunal Constitucional "donde define la comisión de competencias posibles entre el Estado y las CCAA y estas sólo las asumirán en el caso de que haya un procedimiento de competencias como ha habido, qué casualidad, hace solo unos días al País Vasco y también en Cataluña", ha indicado.

Para Rodríguez-Ponga el hecho de que la propia ministra de Cultura sea socia SGAE, "es motivo suficiente para el seguimiento de esta entidad que está claramente en crisis" pero además ha recordado que es la responsable de lo que allí se hace como supervisión de las entidades de gestión. Asimismo, se ha referido al actual director general responsable de esta cuestión en el Ministerio, Santos Castro, quien fue "un ex alto cargo de la SGAE".

No crear sociedades mercantiles

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha propuesto hoy impedir a las entidades de gestión crear sociedades mercantiles, obligarlas a someterse a una auditoría pública de funcionamiento y crear un régimen sancionador para aquellas que no cumplan con sus obligaciones.

González-Sinde ha presentado este conjunto de medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, ha planteado la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de estas entidades.

La titular de Cultura ha anunciado una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles, de tal forma que solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.

González-Sinde ha recordado que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.