Polémica en el coso

La guerra de las sillas de La Malagueta

La anterior empresa de la plaza, Chopera, retira hoy 2.360 localidades de la plaza entre sillas y tribunas y solicita el precinto de un cajón de curas de su propiedad, según la resolución de un contencioso que mantiene con la Diputación desde hace tres años

14.03.2016 | 08:55
El notario Ramón Blesa, Francisco José Porras (de Chopera) y el funcionario de la Diputación José Luis Gálvez, ayer.

Un notario levantó acta ayer ante la negativa de la propiedad a que se realizara el traslado

­La etapa de la Casa Chopera como empresaria de la plaza de toros de La Malagueta fue de sólo una temporada, la de 2012, pero aún no está certificada del todo su salida. Tras renunciar al contrato que mantenía con la Diputación Provincial después de obtener la explotación del coso en contrato público por un periodo de cinco años, la UTE Toros Malagueta, sociedad encabezada por Óscar Chopera junto con los grupos Percufás y Mundo, ha estado reclamando a la propiedad del coso la devolución de determinados elementos que considera de su propiedad. Se trata de un total de 1.700 sillas y 600 butacas de las tribunas que se sitúan sobre los tendidos bajos, y que los empresarios vascos adquirieron al anterior adjudicatario de la plaza, la UTE de Fernando Puche y los matadores Javier Conde y Francisco Rivera Ordóñez. Además, se incluirían otros elementos como un cajón de curas, maquinaria de aire acondicionado o material de oficina. Desde el año 2013, en el que se concretaría la salida de la Casa Chopera de nuestra capital, se iniciaba un contencioso administrativo con la Diputación para la restitución de estos bienes,  en el que Chopera ha tenido que justificar mediante facturas de compra y transferencias bancarias su propiedad. Finalmente, presentada la documentación solicitada en el plazo estipulado de diez días, se ha resuelto a su favor según se reconocía el pasado 3 de febrero, comunicando desde la propiedad que podrían pasar a retirarlos en un plazo de 30 días hábiles que, precisamente, ayer concluía.

Desde la empresa se comunicó con fecha de 1 de marzo que se procedería a la  retirada de estos elementos en la mañana de ayer, teniendo un día antes la oportunidad de realizar un inventario (faltarían en torno a 250 sillas y las máquinas de climatización, mientras que no se pudieron verificar otros elementos por no tener acceso a las oficinas).

Sin embargo, desde la Diputación de Málaga no se autorizó ayer la retirada de estos bienes muebles sitiados en el interior de la plaza, por lo que se solicitó por parte del que fuera gerente de la Casa Chopera en Málaga, Francisco José Porras, la presencia de un notario que al mediodía levantó acta de lo sucedido, toda vez que la resolución indicaba que en caso de no retirarse con anterioridad a la fecha límite marcada pasarían a ser propiedad del ente.

Desde la actual empresa de La Malagueta, Coso de Badajoz, no se quiso hacer ningún tipo de comentario, entendiendo que estas localidades que representan las sillas y tribunas se incluían en el pliego con el que lograron la adjudicación de la plaza en 2014, incluyéndose como elementos propios de la plaza.

Finalmente, se acordó que las sillas y tribunas serán retiradas en la jornada de hoy; aunque aún no existe acuerdo para la desinstalar el cajón de curas, un elemento fundamental para poder ofrecer la corrida de toros que está anunciada para el 26 de marzo, Sábado Santo.

Desde la Diputación se alude a que los corrales de la plaza, donde se encuentra el citado cajón, están afectados por el BIC que protege el entorno de la plaza, y al estar anclado solicitan una licencia de obra menor e informes favorables tanto de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía como del Área de Patrimonio de la propia Diputación. Ante esta negativa, desde la Casa Chopera se anuncia un nuevo contencioso administrativo, solicitando el precinto del cajón de curas hasta que se anuncie su retirada.

La antigua empresa de La Malagueta y la propietaria del edificio han mantenido contactos durante los más de tres años que han transcurrido desde la extinción del contrato para intentar llegar a un acuerdo económico que satisficiera a las dos partes, aunque finalmente se ha rechazado la posibilidad de adquirir estos elementos por parte de la institución provincial, que deberán ser repuestos en un plazo de quince días para que estén dispuestas las 2.360 localidades que con la retirada de estas localidades anexas pierde la plaza para el inicio de la temporada.

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