Los propietarios de los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) en los que el artista Invader instaló sus mosaicos han recibido un escrito del Ayuntamiento de Málaga en el que les informa de que disponen de 15 días para retirar las piezas del controvertido creador francés; si no, será el propio Consistorio el que lo efectuará pero cobrándoles 2.703,37 euros por cada mosaico. Recordemos que la Fiscalía de Medio Ambiente presentó una querella, tras investigaciones de la Guardia Civil, contra Invader y Fernando Francés, el director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (recordemos, de titularidad municipal), por un presunto delito contra el patrimonio histórico artístico en relación con la colocación de 15 mosaicos a finales de mayo de 2017 pasado en calles y fachadas de edificios, entre ellas la del Palacio Episcopal y la del de Salinas "sin consentimiento de los titulares". El juzgado de instrucción número 6 ha admitido a trámite la querella y Francés tendrá que declarar el próximo 11 de junio.

«Con objeto de cumplir el requerimiento de la Administración competente en Cultura [la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, que instó en agosto del 2017 al Consistorio a retirar los mosaicos], se propone ordenar a los respectivos propietarios la retirada de estos elementos inarmónicos. Se entiende que el mosaico, en virtud del principio de accesión, ha venido a ser parte del inmueble y, por lo tanto, de la misma propiedad que la fincha en la que se ubica», argumenta la Gerencia de Urbanismo en el documento, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga. «Resulta evidente la obligación de la Administración Urbanística Municipal de exigir a los propietarios de los bienes protegidos la eliminación de los mosaicos colocados en los mimos, mediante el dictado de la correspondiente orden de ejecución, toda vez que éstos alteran la constitución original del edificio protegido, vulnerando las obligaciones de conservación de los bienes protegidos coom BIC, y además habiéndose realizado sin autorización ni licencia alguna, lo que supone además una infracción del derecho urbanístico y de la ley de Patrimonio Histórico, por la que deben abrirse los correspondientes expedientes sancionadores», razona el informe jurídico. Los propietarios de los BIC, que ahora tendrán un plazo de alegaciones de dos semanas «como trámite previo a la resolución definitiva que se adopte».