Hasta ahora Marsans había insistido que la compañía afronta deudas "exigibles" por 220 millones de dólares, mientras que el Gobierno sostenía la cifra del pasivo total.
El juez comercial Jorge Sicoli escuchó e interrogó durante cinco horas a los representantes de todas las partes involucradas, incluso a síndicos de acreedores, con vistas a decidir si interviene a la compañía, apuntaron.
A la audiencia asistieron, pero no participaron, los abogados de acreedores argentinos y españoles que han denunciado a Marsans de una millonaria estafa al Fisco español al tomar el control de Aerolíneas Argentinas en unas actuaciones que instruye el juzgado penal 35 de Madrid.
El Gobierno y los sindicatos se declararon satisfechos con la información provista al juez, mientras que el presidente de Aerolíneas Argentinas, Horacio Fargosi, se limitó a afirmar que la audiencia "fue muy buena en su desarrollo".
"Lo importante es que Marsans ha reconocido un pasivo por más de 800 millones de dólares que incluye deudas exigibles por 240 millones de dólares", dijo el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime, luego de exponer la posición del Gobierno.
Jaime insistió en que el Gobierno está a la espera "de lo que decida" el juez Sicoli y evitó hacer comentarios sobre las gestiones con el grupo Marsans para acordar su salida de Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria de vuelos domésticos Austral.
"Fue una audiencia muy clarificadora, cada uno expuso su punto de vista, la empresa reconoció sus deudas y quedó claro que la situación de Aerolíneas es muy seria", dijo a Efe Jorge Pérez Tamayo, líder del sindicato de pilotos (APLA).
"Reconocieron que hay sobre-venta de pasajes y una situación de asfixia económica y financiera, como hemos dicho nosotros", agregó el sindicalista.
Fargosi sostuvo que la información sobre los datos aportados en la audiencia debe proporcionarla Sicoli, cuyo juzgado ha instruido un concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas que concluyó en 2006 con un acuerdo por deudas por 443 millones de pesos (145,2 millones de dólares), que rechaza una parte de los acreedores.
Pero en un comunicado difundido horas después, la firma explicó la composición de su pasivo, que cifró en 890 millones de dólares.
En ese sentido, afirmó que "las deudas bancarias, que ascienden a 112 millones de dólares, representan solamente un 12 por ciento del total del pasivo", cifra a la que consideró "muy por debajo del ratio normal de endeudamiento bancario argentino e internacional".
Precisó que en el pasivo también hay 126 millones de dólares que corresponden a deuda contraída por compra de aeronaves y cuyas obligaciones de pago son a largo plazo, y en el renglón de deudas no dinerarias mencionó 145 millones de dólares en concepto de obligaciones por pasajes pendientes de uso.
Apuntó que en el renglón de contingencias por juicios la deuda suma 147 millones de dólares y que el pasivo también está integrado por 13 millones de dólares por remuneraciones de mayo pasado.
"Del análisis del pasivo surge que la deuda comercial se incrementó aceleradamente en los últimos meses debido a que financió las pérdidas generadas en los primeros meses del año, producto del alza del combustible, de los conflictos gremiales y de la demora en aplicarse medidas requeridas por la industria aerocomercial", dice.
Considera que los niveles de pasivo de Aerolíneas Argentinas y Austral, comparados con los niveles de facturación, "son menores al 65 por ciento, lo que demuestra que los estados contables de dichas compañías son similares a cualquier situación económica financiera de otras empresas del sector aerocomercial".
La compañía ha pagado unos 434 millones de pesos (unos 124 millones de dólares), con lo que ha cumplido con el 97 por ciento del acuerdo del concurso de acreedores, dijeron a Efe fuentes vinculadas a ese proceso que expusieron tal información al juez.
A la audiencia judicial fueron invitados representantes de acreedores que denunciaron fraude en la operación por la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) traspasó la aerolínea de bandera argentina a Marsans en octubre de 2001.
Dichos representantes dijeron que no pudieron participar porque el juez les indicó que habían sido invitados por error, explicó el abogado Rafael Caro, representante de dos acreedores argentinos y uno español.
Caro, de nacionalidad española, destacó que el grupo Marsans es acusado por desvío de fondos públicos, falsedad de documentos y estafa procesal en una causa que instruye la jueza de Madrid Gemma Gallego y en las que el Tribunal de Cuentas de España ha dictaminado pruebas de tales delitos.
