La aprobación final llegó en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, que le dio su visto bueno en un punto sin debate, después de que los titulares de Agricultura lograron un acuerdo inicial el pasado día 15 sobre unas condiciones más flexibles que las propuestas inicialmente por la Comisión (CE).

En general, las medidas de emergencia están condicionadas a que la flota se comprometa a planes de reestructuración, y la CE calcula que la puesta en marcha de estas ayudas de emergencia requerirá un presupuesto adicional de 600 millones de euros.

Entre las concesiones obtenidas frente a la propuesta de Bruselas, figura la posibilidad de que puedan acogerse a la ayuda por parada temporal aquellas flotas afectadas por planes de gestión, ya que en la propuesta se destinaban solo a las que estaban en programas de desmantelamiento.

La UE ha pactado que para recibir las ayudas es necesario un objetivo de reducción del 30% de la capacidad de capturas del segmento de la flota beneficiada, pero habrá cierta flexibilidad porque se tendrán en cuenta reducciones de flota anteriores.

Además, se tendrán en consideración las regiones donde haya una dependencia importante de la pesca.

Para las autoridades españolas, el objetivo de reducción del 30% no significa que tenga que desaparecer un tercio de los barcos, sino que se aplica sobre planes específicos de un puerto, una cofradía y que pueden tener homogeneidad o no.

Asimismo, la UE ha fijado otra condición: que el consumo del gasóleo sea superior al 30% de los gastos totales del barco.

Sin embargo, en el caso de los buques de menos de 12 metros de eslora, el gasto de gasóleo se rebaja al 20% del coste total, lo que beneficiará a 10.000 embarcaciones españolas de pequeño tamaño.

Otra novedad es la opción de que se establezcan planes por puerto, de manera que un grupo de buques se asocien para una retirada.

También podrá darse ayuda al cambio de motor en el caso de los equipamientos auxiliares y la propuesta establece que se financiarán todas las medidas que contribuyan a una mayor eficiencia energética y a la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, los planes de adaptación de la flota para percibir el apoyo se realizarán hasta el 30 de junio de 2009, mientras que en el texto inicial el límite estaba en el 30 de marzo.

Finalmente, las ayudas serán planes que establecerán cada uno de los países y para paradas que se realicen antes del 31 de diciembre; Bruselas propuso inicialmente la fecha del 30 de noviembre.

El reglamento establece que los países comunitarios podrán añadir medidas suplementarias a las incluidas en esta decisión, pero con fondos exclusivamente nacionales y no comunitarios.