El Senado de Estados Unidos aprobó hoy, tras meses de intensas negociaciones, la reforma del sector financiero, que cambiará los métodos de supervisión de la banca por parte del Gobierno y es la más ambiciosa desde los años treinta.
El grupo demócrata logró que el proyecto, de 2.300 páginas, contara con 60 votos a favor, mientras que 39 senadores republicanos votaron en contra.
Ahora, el texto será enviado para su firma, la próxima semana, al presidente Barack Obama, que se apunta así otro éxito político en su agenda, posiblemente el último antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El voto de hoy culmina un largo y complicado proceso, en el que la banca de Wall Street ha ejercido duras presiones para suavizar la regulación, y en el que los republicanos han peleado para que no aumentara la intervención pública en el sector financiero.
Durante el proceso de negociación iniciado hace meses, el Congreso estadounidense ha barajado varias versiones, si bien la aprobada hoy por el Senado recoge el consenso de las dos cámaras.
La ley reforma todas las áreas de los mercados financieros, desde cómo los consumidores obtienen sus hipotecas y las tarjetas de créditos, a cómo el Gobierno puede desmantelar una firma financiera que ha entrado en quiebra.
No obstante, cuando Obama firme el texto, el trabajo de reforma no habrá concluido, pues la ley tendrá que ser desarrollada con 533 reglamentos elaborados pro las agencias reguladoras.
Serán precisamente esas normas las que determinarán cómo afectará la legislación a la banca y a los particulares, si bien la intención general es aumentar la protección del consumidor y vigilar más al sector para evitar que se cometan de nuevo los excesos que condujeron a la crisis financiera iniciada hace dos años.
En términos generales, la ley establece por primera vez una regulación de los derivados, unos mercados muy sofisticados que se situaron en el ojo del huracán durante el derrumbe financiero.
Además, se establecen muchos límites a la banca, entre ellos el de usar su propio dinero para invertir junto a sus clientes en mercados especulativos, y se les impone exigencias más duras a la hora de calibrar el riesgo o reforzar su capital.
La ley también obliga a los bancos a segregar sus negocios vinculados a los mercados de derivados, y otorga al Gobierno la capacidad no solo de intervenir entidades que estén al borde del colapso, sino también de someterlas a una liquidación ordenada.
Uno de los pilares es la protección del consumidor, y sobre todo la propuesta del Gobierno de Obama de crear una agencia independiente encargada de vigilar la venta de productos financieros a los particulares.
La ley también establece nuevas reglas para la concesión de hipotecas, con objeto de prevenir los abusos que contribuyeron en el colapso del sector inmobiliario.
Las autoridades reguladoras y supervisoras también salen reforzadas y con capacidad de establecer una mayor vigilancia sobre las grandes firmas, para detectar las situaciones de alarma en sus primeros estadios.
La aprobación de esta ley se ha convertido, junto a la reforma del sector de la salud, en los dos grandes logros de Obama en la primera parte de su mandato, que concluye en noviembre, coincidiendo con las elecciones legislativas.
Para la segunda mitad ha dejado otras prioridades, como la reforma migratoria y la del sector energético.
