El Ministerio de Economía ratificó la sanción propuesta por el Banco de España al ex presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, que establecía una inhabilitación de cinco años y una multa de 150.000 euros, según informaron a Efe fuentes de este departamento.

El ministerio que dirige Elena Salgado también ratificó la sanción propuesta por el supervisor para el ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, a quien también pedía cinco años de inhabilitación y una multa de 150.000 euros. En total, la propuesta del Banco de España afectaba a una veintena de consejeros cuyas sanciones superan el millón de euros.

Hace un año, y tras intervenir CCM, el Banco de España planteó que la caja y sus veinte ex consejeros podrían haber cometido dos infracciones "muy graves y una grave" en la gestión de la entidad, debido a deficiencias en cuanto a la gestión, inversión y concesión de créditos.

Las faltas calificadas como "muy graves" podían suponer la "revocación" para que una entidad pueda operar, si bien el Banco de España intervino la entidad en marzo de 2009 para garantizar su gestión de futuro.

Además, en su pliego de cargos contra los antiguos consejeros, el supervisor apreciaba una "clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración".

Tras ello, el Banco de España aprobó un Pliego de Cargos por infracciones muy graves contra Moltó y otros administradores de la caja el pasado 20 de julio de 2009 y, la citada propuesta fue remitida al Ministerio de Economía para ratificarla.

Entre otras sanciones propuestas, se encuentra una para el que fue vicepresidente de la entidad, Federico Rodríguez Morata, para quien el supervisor proponía una multa de 90.000 euros, mientras que al representante de los trabajadores, Carlos Jiménez (UGT), una de 80.000 euros, y a Tomás Martín Peñato, que fue anteriormente presidente de CCM, 100.000 euros.

Para el alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE), que presidía la comisión de inversiones, el Banco de España proponía una sanción de 57.000 euros, y para Emilio Sanz, uno de los consejeros propuestos por el PP y que abandonó la caja cuando se lo pidió su formación política, 40.000 euros. La alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero (PP), recibió una propuesta de sanción de cerca de 20.000 euros.

Las citadas propuestas sancionadoras fueron recurridas por los afectados, pero el Ministerio de Economía las ha desestimado y ha ratificado la sugerencia sancionadora que fue remitida por el Banco de España.