La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados aprobaron ayer sólo con los votos a favor del PSOE, frente al rechazo de PP, ERC-IU-ICV y BNG y las abstenciones de CiU y PNV, el dictamen del proyecto de ley de reforma laboral, tras incorporar una serie de enmiendas que concretan las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la disminución relevante de beneficios.
El PSOE pactó treinta y tres enmiendas con el resto de grupos y perdió dos votaciones, aunque el balance de toda la oposición fue muy negativo sobre el texto que ahora se remite al Senado, donde se debatirá en la semana del 23 de agosto, con vistas a que, si se introducen enmiendas, regrese a la Cámara Baja para ser votado en Pleno el 9 de septiembre, 20 días antes de la convocatoria de huelga general.
En la recta final de la negociación, el PSOE pactó con el PNV concretar las causas que permitan acogerse al despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización, que, aunque incluye los supuestos de existencia de pérdidas "actuales o previstas" y una disminución "persistente" de beneficios, los condiciona a que "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez".
El texto aprobado señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.
Reducir un 25% el absentismo por enfermedad
Asimismo, el Congreso refuerza el papel de los inspectores de la Seguridad Social en los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica de forma más rápida que la de los médicos de las mutuas, y serán los únicos competentes, "a través de sus propios médicos", para emitir una nueva baja médica si la situación se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes y deriva de la misma o similar patología.
El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas" y, según adelantaron fuentes socialistas a Europa Press, contribuirá a reducir en un 25% el absentismo de las empresas.
Además, se modifican las condiciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, que la ley mantiene en un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque rebaja el umbral con el que se calcula en relación con la media de la plantilla, que los socialistas plantean rebajar ahora del 5% al 2,5%.
Revisión de la negociación colectiva y el derecho a paro
El proyecto de ley señala que en seis meses se emprenderá la reforma de la negociación colectiva, eso sí, en acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales, revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, reclama al Gobierno un plan para recolocar desempleados de la construcción.
Además, el PSOE ha aceptado la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando el empleo inicie su recuperación. De momento, se permitirá que los excedentes de las cantidades transferidas a las comunidades autónomas para el pago de prestaciones puedan ser utilizadas por estas a políticas activas de empleo.
Respecto a la negociación en empresas, se señala que en las empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan elegir entre negociar a través de una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos "democráticamente" o mediante una comisión de igual número de componentes designados por los sindicatos más representativos del sector.
PP y CIU remarcan que no servirá
El debate se alargó cerca de siete horas y tuvo varios recesos, cuando los diputados de la oposición detectaron que en el informe de la Ponencia se habían incluido un paquete de enmiendas transaccionales socialistas que no habían sido aceptadas por la oposición, si bien esta cuestión fue resuelta en la votación de las más trescientas propuestas de modificación al texto que seguían vivas.
El portavoz de empleo del PP, José Ignacio Echániz, denunció el "batiburrillo" en el que el PSOE ha convertido una reforma laboral y en la que es el único grupo de la Cámara que la respalda, por lo que "nace coja", sin que su articulado contenga "ningún elemento que configure un aumento de la empleabilidad de los parados". "Creo que hoy es un día triste", remarcó.
Su homólogo en CiU, Carles Campuzano, calificó de "acto fallido y oportunidad perdida" la reforma, aunque señaló que su formación "no ha querido llevar la situación a un callejón sin salida" bloqueando su tramitación. En cualquier caso, tanto PP como CiU tienen intención de aprovechar la mayoría que suman en el Senado para introducir nuevas enmiendas.
El Fogasa seguirá pagando despidos improcedentes
Por parte del PNV, Emilio Olabarria indicó que el hecho de que el dictamen de la reforma se haya aprobado sólo por voto ponderado "es una forma" de empezar mal la aplicación de la reforma laboral, que ya "empezó mal" por ser "fruto de un fracaso de los interlocutores sociales".
"No se augura un futuro venturoso para esta reforma, cuya capacidad para crear empleo va a ser prácticamente nula", señaló el diputado nacionalista, quien, no obstante, justificó su abstención "porque las alternativas eran peores".
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, lamentó la "nocturnidad y alevosía" del "trámite exprés" que "endure los recortes a los trabajadores que ya tenía la propuesta inicial", y lamentó que no haya prosperado su propuesta para evitar que el Fogasa financie los despidos improcedentes -el PSOE sólo ha aceptado que la indemnización que corresponde al trabajador sea "objeto de resarcimiento all empresario" por parte del Fondo-. "Hoy es un día negro para los trabajadores, remachó Llamazares.
