El ministro español de Economía, Luis de Guindos, advirtió hoy de que eventuales "actuaciones adicionales" del gobierno argentino contra empresas españolas "agravarían aún más la situación", y confió en que "no se reproduzca" lo ocurrido con la expropiación de la parte mayoritaria de Repsol en la petrolera YPF.

En una rueda de prensa celebrada tras los encuentros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, celebrados en Washington, el ministro fue preguntado si no teme España nuevas medidas argentinas contra firmas españolas como reacción a las recientes sanciones anunciadas por Madrid.

"El Gobierno español actúa basado en principios", dejó claro De Guindos. "Cuando considera que se ha violado un principio, tiene que actuar con independencia de las posibles actuaciones adicionales, que lo único que harían sería agravar aún más la situación que vivimos actualmente y que espero que no se reproduzca", añadió.

De Guindos destacó que, al igual que ayer el Grupo de los Veinte (G20), también hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) introdujo, a instancias de España, en sus conclusiones finales, una mención a la necesidad de "proteger las inversiones" y evitar las tentaciones proteccionistas.

De Guindos se entrevistó hoy con el secretario de Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, pero, según dijo el ministro, no se abordó durante la conversación el contencioso con Argentina.

Insistió en no desvelar qué medidas concretas tiene pensado adoptar el Gobierno español para responder a la expropiación de la parte mayoritaria que la compañía española Repsol tenía en la petrolera YPF.

"Se van a tomar todo tipo de medidas desde el punto de vista legal, y en las instituciones multilaterales, para ejercer una presión absolutamente legítima, derivada de la decisión del Gobierno argentino", repitió De Guindos.

Repitió que España "va a utilizar todos los medios tanto en los foros internacionales como en la propia Argentina", para defender su posición, que consiste en pensar que la expropiación ha sido "una decisión negativa, que viola los principios básicos de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica".

"El Gobierno español siempre se ajusta a la legalidad, en la defensa de los intereses de una empresa española, y también va a utilizar los organismos multilaterales", confirmó.