La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para averiguar lo sucedido en la fusión de las siete cajas de ahorros que conforman Bankia, así como en la salida a Bolsa y la posterior nacionalización de la entidad, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal.

Los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Luis Rodríguez Sol, han solicitado información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la propia entidad financiera para investigar a los gestores por presuntos delitos contables, estafa y falsedad documental, entre otros.

Además, el organismo que dirige Antonio Salinas ha solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la competencia del caso al considerar que afecta a los intereses del Estado. Las diligencias se abren después de recibir una denuncia presentada por Manos Limpias contra Bankia, cuyo contenido la Fiscalía considera deficiente.

De esta forma, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid remitirá a la Audiencia Nacional las diligencias abiertas por la denuncia del sindicato contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia Rodrigo Rato y Miguel Blesa por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la entidad.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que las diligencias -que Anticorrupción abrió el pasado 28 de mayo- se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".

El fiscal general reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación".

Torres-Dulce, que ha considerado "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes".

Una vez que la Audiencia Nacional asuma la investigación abierta a Bankia y designe la causa a uno de los seis Juzgados Centrales de Instrucción, los fiscales remitirán las conclusiones iniciales extraídas de la documentación solicitada, donde determinarán si existen indicios de delitos penales, así como la petición de nuevas diligencias de investigación, según explicaron las mismas fuentes.

La pasada semana Anticorrupción afirmó que no tenía previsto abrir una investigación de oficio para depurar las presuntas responsabilidades penales de los directivos del grupo BFA-Bankia y de los organismos supervisores por la gestión de la entidad financiera, que recibirá una inyección pública de 19.000 millones de euros para evitar su quiebra.

Denunciarán hechos concretos

Las mismas fuentes del Ministerio Fiscal advirtieron que solo se admitirán denuncias por hechos concretos, como podrían ser los préstamos fallidos al sector inmobiliario, el proceso de salida a Bolsa, la declaración de cuentas anuales o la venta de productos financieros 'tóxicos' a los clientes, entre otros.

De esta forma, Anticorrupción suma Bankia a las investigaciones abiertas por las presuntas irregularidades y las operaciones dudosas cometidas en Caja Castilla La Mancha (CCM) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ambas con procesos abiertos en la Audiencia Nacional, así como Novacaixagalicia, pendiente de la presentación de una querella.

Por otro lado, las correspondientes fiscalías provinciales mantienen abiertas investigaciones sobre Caixa Penedés, Caja Segovia, Caja España, Caja Duero, Caja Burgos y Caja Avila.

Por su parte, la plataforma '15MpaRato' ha anunciado este miércoles que se querellará contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el antiguo consejo de administración de la entidad por presuntos delitos societarios, falsedad documental, publicidad engañosa y administración desleal.

Por último, más de 500 accionistas minoritarios de Bankia anunciaron este miércoles que se acogerán a la iniciativa planteada por la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) de presentar acciones legales civiles para reclamar el daño sufrido con la "fallida" operación de salida a Bolsa de Bankia.