El Gobierno español se encuentra en una encrucijada, necesita ayuda económica irremediablemente para cubrir su déficit público pero principalmente para recapitalizar la banca que es la encargada de prestar dinero de canalizar los recursos a las familias y empresas para reactivar una economía que se le presente irremediablemente retraída.
El punto álgido de la decisión se encuentra en solicitar un rescate en toda regla y directamente al Estado español y aceptando que se le "dicten" condicionamientos (aumentos de impuestos, recortes brutales de gastos públicos, despido de empleados públicos y un largo etc.) o que la ayuda vaya directamente a la banca (un rescate "blando").
En ambos casos se instrumentará esta ayuda desde el organismo internacional que corresponda sea Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Central Europeo (BCE); la gran diferencia será que en el primer caso España perderá soberanía y las decisiones no las tomará el Gobierno sino que pasará a ser un ejecutor de las directrices que se ordenen desde cualquiera o desde los dos organismos que prestan la ayuda y en este sentido se habla de que España estará "intervenida".
Evidentemente sean cuales sean los proveedores de esta millonaria ayuda al pueblo español quieren garantías y eso se consigue comprometiendo a todo el Estado y no sólo a un sector como en este caso sería el sector financiero.
El FMI ha publicado está madrugada su informe en el que calcula que la banca española necesitará entre 37.000 y 80.000 millones de euros.
Si la ayuda viene de Europa la decisión de concederla o no corresponde al Eurogrupo y debe basarse en una recomendación del Consejo de Directores de la Fondo Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).
Probablemente las condiciones del rescate no se conozcan hoy al detalle ya que tienen que quedar plasmadas en un documento llamado Memorándum de Entendimiento y que se encarga de prepararlo la Comisión Europea en colaboración con el BCE y al tratarse de un programa específico para la banca además debe intervenir el supervisor financiero europeo.
La entrega del dinero que se materializa uno o varios tramos debe ser decidida por el Consejo de Directores del FEEF en función del grado de cumplimiento de las condiciones impuestas a España.
El caso de España es distinto por ejemplo al de Irlanda por ejemplo y es por eso que el Gobierno reclama unas condiciones más suaves.
El Tesoro Público español tiene un remanente de liquidez que de momento le da un colchón de tranquilidad. Así que el Gobierno tiene el derecho de pedir unas condiciones más suaves y también unos estatutos legales adonde agarrarse.
El Tratado que regula el FEEF especifica que en un programa de asistencia para la banca las condiciones impuestas no tienen que ser necesariamente de carácter macroeconómico. El Ejecutivo ha puesto en marcha reformas y mantiene su firme compromiso de reducir el déficit conforme a los objetivos previstos.
Así se lo reconocen la Comisión Europea y el Eurogrupo y éste debería ser un argumento para evitar someterse a un profundo ajuste macroeconómico, como han tenido que hacer Grecia, Irlanda y Portugal.
Lo que está claro es que no se puede recortar y recortar mientras sigua creciendo el paro. España e Italia están embarcadas en unas reformas profundas y es necesario algo de flexibilidad para que estas medidas echen raíces.
Contra estas condiciones más laxas, vinculadas únicamente al sector financiero, se oponen Holanda y Finlandia, principalmente. Dos representantes del núcleo duro del euro que van a exigir ajustes en todas las áreas de la economía española. De los grandes países, Italia y Francia estarán dispuestos a conceder un "préstamo blando" y Alemania ha dado en los últimos días muestras de estar dispuesta a ir en esta misma dirección.
Hoy sólo se aprobará el rescate a España si el Gobierno hace una petición formal, pero sí que se debatirán los mecanismos para articular la ayuda a España. Es un requisito imprescindible porque la Eurozona no puede decretar el rescate a un país si antes este no lo ha decidido. El propio Luis de Guindos participará en la conferencia telefónica y podría ser en ese momento cuando reconozca que el Gobierno necesita la ayuda de sus socios, aunque tal vez no concrete la cifra definitiva. Hace escasos minutos la agencia de noticias Afp menciona fuentes comunitarias para afirmar que habrá rescate parcial, de 100.000 millones de euros; las condiciones no se saben aún.
A toda vista es injusto que España deba aceptar una política dictada por otros EstadoS u organismos y que conducen a un mayor desempleo ya que subiendo impuestos y reduciendo inversiones como venimos haciendo desde mediados de 2010 estamos condenados a la recesión y a la no creación de nuevos puestos de trabajo. Cuanto más dependamos de BCE, y Alemania es su principal financiador, para colocar nuestra deuda, para recibir ayudas, mayor será nuestra sumisión.
