Aunque el Estado español no va a quedar inmune a los duros efectos del rescate, la fórmula utilizada -un préstamo del fondo europeo al español FROB- supone que los grandes damnificados por la intervención serán los bancos españoles que necesiten dinero. Los que pidan un crédito tendrán que pagar al FROB un elevado interés anual -en las dos primeras versiones de este fondo se aproximó al 8%-, además de ahorrar en cada ejercicio para devolver el principal, porque, como le ha sucedido a BFA, la matriz de Bankia, si no pueden hacer frente a los vencimientos el FROB transformará en capital los bonos contingentes convertibles (cocos) y se hará con una parte de la propiedad. Los que pidan capital, como Bankia, serán nacionalizados para su saneamiento y posterior venta a un competidor.

Unos y otros, además, deberán someterse a la estrecha vigilancia y severas exigencias del prestamista. Es algo que la banca española conoce de primera mano, en especial en una época como la actual, en la que el crédito fluye a cuentagotas y cuando concede dinero es con contrapartidas draconianas. Así la va a tratar el fondo europeo de rescate. El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de Valencia, Joaquín Maudos, augura que una de las medidas que se exigirá a los bancos que recurran al rescate será una reducción de oficinas y plantilla. Todavía no hay cifras concretas, pero en el último número de la revista Cuaderno de Información Económica que publica la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), los economistas jefe del servicio de estudios de BBVA Santiago Fernández y Jorge Sicilia auguraron que el sector debe cerrar otras 8.000 sucursales -a sumar a las 5.000 que han desaparecido desde el inicio de la crisis- y recortar su plantilla en otros 35.000 trabajadores.

Exigencias

Pero las exigencias no se quedarán ahí. El también investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) augura que la troika -Comisión Europea, BCE y FMI- exigirá la venta de activos, es decir, participaciones empresariales para obtener liquidez y, si se da el caso, plusvalías; cambios drásticos en el gobierno corporativo y en los gestores de las entidades, como ha sucedido en BFA/Bankia con la renovación total de consejeros; modificaciones en el sistema de supervisión, o sea en el Banco de España; forzar fusiones que afectarían sobre todo a entidades de pequeño tamaño que necesiten crecer, y obligar a que los bancos no paguen dividendos hasta que hayan devuelto el dinero prestado, lo que tendrá consecuencias para sus accionistas.

La magnitud de estos efectos se empezará a calibrar cuando se conozcan los diversos informes promovidos por el Gobierno: el 21 de junio, las pruebas de resistencia encargadas a las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman. El 31 de julio, las cuatro auditorías que deben comprobar si los activos de la banca están bien clasificados. Luego, el Ejecutivo deberá firmar el memorando con Bruselas que contendrá la letra pequeña del rescate. Un factor clave para Maudos será conocer el plazo de vencimiento de los préstamos. Lo ideal sería que fuera de diez a quince años. "Si es a tres años, no se soluciona nada", concluye