La agencia de medición de riesgos Moody's ha asegurado hoy que los nuevos ajustes anunciados el viernes por el Gobierno mejoran "sustancialmente" las posibilidades de cumplir los objetivos de déficit, según el informe semanal de crédito publicado hoy.
En concreto, Moody's se refiere a la subida del tipo general del IVA del 18 % al 21 % y del reducido del 8 % al 10 %, así como a la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos.
La agencia señala que la previsión de déficit del Gobierno para este año, del 6,3 %, es más realista y se acerca más a la de la propia agencia, que lo sitúa en el 6,6 %.
Los anteriores objetivos de déficit, prosigue el informe, eran poco realistas y no beneficiaban la credibilidad del Gobierno, una credibilidad de la que dependen las posibilidades de que el país se financie a costes razonables, dado el entorno de recesión en el que se mueve la economía española.
Según Moody's, la calificación crediticia de España, que esta agencia mantiene en Baa3 con perspectiva negativa, se beneficiará también del control trimestral por parte de la Unión Europea, ante la que tendrá que presentar a finales de este mes un plan detallado para el periodo 2013-2014.
No obstante, Moody's considera un desafío el cumplimiento de los objetivos de déficit dada la debilidad del contexto económico, y prevé un déficit del 5 % en 2013 y del 4 % en 2014, mayores que los previstos por el Gobierno.
En cualquier caso, lo importante es que se pongan en marcha de inmediato y de forma efectiva las medidas anunciadas el viernes, que junto con el proceso de recapitalización de los bancos permitirán recuperar la confianza en el país.
Sobre este asunto, Moody's destaca que el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que se conoció la semana pasada con las 32 condiciones que debe cumplir España para acceder a la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca perjudicará a los tenedores de deuda subordinada.
Según Moody's, del texto del memorándum cabe deducir que los gobiernos europeos están dispuestos a que parte del coste de la reestructuración de los bancos recaiga sobre los acreedores y que los tenedores de deuda subordinada admitan pérdidas.
