La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Plan Nacional de Reformas que presentará el Ejecutivo en Bruselas tendrá como elementos básicos la lucha contra el fraude fiscal y la liberalización de algunos sectores con el fin de fomentar la competitividad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha dicho que también habrá reformas importantes en medio ambiente y agricultura, en el sector del transporte y en la educación, así como en el ámbito de la seguridad jurídica, tanto económica como en otros órdenes.

Sáenz de Santamaría ha incidido en que este plan, que acompañará al anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 "es oportuno para que los socios europeos conozcan con antelación que España hace reformas de austeridad, de control del déficit público y de competitividad".

Ha indicado que en ese programa también incluirá un balance de las reformas estructurales acometidas hasta el momento y detallará los plazos y el calendario de las previstas para los próximos meses.

La vicepresidenta ha puntualizado que el paquete de lucha contra el fraude fiscal y laboral será "un elemento básico" y ha recordado que conllevará modificaciones en leyes ordinarias y orgánicas.

En este sentido, ha avanzado que los cambios en las leyes ordinarias estarán listos en noviembre y un mes después los que afecten a leyes orgánicas.

Las reformas para ganar en competitividad estarán relacionadas con cambios en los organismos supervisores y reguladores de algunos sectores, ha dicho, tras puntualizar que ya existe una liberalización de los horarios comerciales.

Ha asegurado que también se eliminarán trabas y procedimientos administrativos para que exista una "unidad de mercado más coherente".

En el terreno de la enseñanza, ha destacado modificaciones en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, "objetivo básico de reforma para este trimestre", a la espera de obtener los informes solicitados a diversas instituciones de este sector.

Para ganar en competitividad, el Ejecutivo también reformará el Código Penal para ganar en seguridad jurídica.