El Parlamento Vasco ha aprobado hoy con el único apoyo del PNV y la abstención del resto de los grupos la ley que permite el adelanto a enero de la paga extra que reciben en junio los funcionarios y el abono en julio la de diciembre de 2013.

La ley, que se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, es decir, sin posibilidad de enmiendas, permitirá que los 67.000 trabajadores de la Administración pública vasca perciban en enero una paga por el mismo montante que la nómina que han perdido.

Del mismo modo, esta primera ley de la décima legislatura vasca establece que la extra de diciembre de 2013 se perciba en julio. El abono se extenderá a personal fijo y eventual y, en el supuesto de que una vez cobrada la relación contractual acabe antes del plazo fijado, los empleados públicos deberán devolver la parte proporcional al periodo no trabajado.

El adelanto de la paga debía acordarse por ley porque modifica lo previsto en la legislación de Función Pública y en la de Presupuestos Vascos de 2012, en las que se recogen que las extras se perciben en junio y en diciembre.

La norma se publicará mañana en un Boletín Oficial del País Vasco extraordinario y el Ejecutivo autonómico tratará de que los funcionarios tengan ingresada esta paga la próxima semana, han informado a Efe fuentes del mismo.

El consejero de Justicia y Administración Pública y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha defendido en el pleno esta fórmula porque a su juicio "carece de puntos de colisión" con el Real Decreto del Gobierno central que ordenaba retirar la extra.

Ha advertido de que "cualquier intento de forzar las cosas" para acusar al Ejecutivo autonómico de vulnerar el citado Decreto Ley está "abocado al fracaso".

Asimismo, ha señalado que supone una "salida razonable" a la situación generada, después de que el Tribunal Constitucional admitiese a trámite el conflicto de competencias planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la decisión del anterior Ejecutivo socialista de pagarla.

Erkoreka ha insistido en que mientras que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el fondo del asunto "la paga extra de diciembre de 2012 no puede ser satisfecha, ni bajo el ropaje de paga extra, ni bajo otro ropaje, más o menos original y creativo", sin caer en el riesgo de "incumplir una resolución judicial".

Esta solución "equilibrada y razonable", a su juicio, "concilia los requerimientos de la legalidad con los intereses de los empleados públicos" y contribuye a "estimular" la demanda privada y a "promover el crecimiento que necesita la economía vasca".

En la misma línea, Ane Urkiola (PNV) ha defendido las competencias vascas en esta materia, así como la "total seguridad jurídica" que da a los funcionarios la medida adoptada.

Belén Arrondo (EH Bildu) ha acusado al Gobierno Vasco de aceptar "de facto" la pérdida de la extra de diciembre y ha criticado su "falta de compromiso" para "pasar por encima de las imposiciones de Madrid".

Por su parte, el socialista José Antonio Pastor ha explicado que su abstención buscaba facilitar una iniciativa que "alivia la situación de miles de empleados públicos", pero en la que "no se defienden derechos laborales ni el autogobierno", al tiempo que ha propuesto que se habilite un fondo presupuestario para restituir la extra de diciembre en caso de que el Tribunal Constitucional falle a favor del País Vasco.

Desde el PP, Arantza Quiroga ha denunciado la "falta de lealtad" del Gobierno de Iñigo Urkullu hacia el central y ha mostrado su preocupación porque la institución vasca, "ante la primera medida difícil, ha mostrado falta de coraje y determinación".

Por último, Gorka Manerio (UPyD) ha indicado que se ha abstenido, entre otros motivos, porque la ley plantea "problemas técnicos".

Durante el desarrollo del pleno, los sindicatos ELA y LAB han organizado frente a la sede de la Cámara y por separado, sendas concentraciones para reclamar que los funcionarios recuperen la extra navideña y en defensa de los servicios públicos.