Pensiones

Los expertos piden pensiones más bajas en épocas de crisis

Plantean desligarlas del IPC y vincularlas a los ingresos del sistema y ajustar la inicial para no recortarla después

07.06.2013 | 23:44

Los futuros jubilados podrían cobrar de inicio una pensión más baja que quienes se han retirado antes en las mismas condiciones, pero no verían recortada la prestación durante los años que la perciban, de acuerdo con el factor de sostenibilidad propuesto por el Comité de Expertos designado por el Gobierno.

En rueda de prensa, una representación de la comisión ha explicado que el principal reto del sistema de pensiones español es que la generación del 'baby boom' de los años 60 se empezará a retirar en la próxima década con una esperanza de vida dos años superior a la de sus homólogos europeos.

"Esto supondrá pagar un 70% más de pensiones en el 2050 respecto a ahora", ha explicado el economista, Miguel Ángel García, que aunque ha apoyado el informe, ha incorporado un voto particular.

Ante este escenario, la comisión ha planteado un factor de sostenibilidad de las pensiones compuesto de dos fórmulas: la primera para revalorizarlas conforme a la situación presupuestaria del sistema y la otra para calcular su cuantía inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida, ha explicado el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Rafael Domenech.

De esta forma, el factor de revalorización anual (FRA) supondría que las pensiones sólo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones.

Además, los expertos defienden que sólo habrá que volver a congelar las pensiones en casos "excepcionales", como la actual crisis económica. A partir de ahí, estiman que lo normal es que a lo largo del ciclo las pensiones nominales crezcan y que las reales incluso ganen poder adquisitivo en el medio y largo plazo.

La comisión recomienda en su informe que el FRA comience a aplicarse a los pensionistas actuales "lo más rápido posible" dentro del periodo 2014-2019, lo que supondría acabar con el sistema vigente, según el cual las prestaciones suben conforme a la evolución de los precios.

Según Domenech, el FRA liga la revalorización anual de las pensiones "al éxito de la economía y de la sociedad".

No obstante, los expertos aconsejan a los políticos que estudien fijar una "cláusula suelo" que impida la caída nominal de las pensiones para que en el peor de los casos sólo se congelen, algo que para Domenech sólo ocurriría en "situaciones excepcionales".

Por otra parte, está el factor de equidad intergeneracional (FEI), por el que se adapta el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados a su esperanza de vida, teniendo en cuenta la que tenían quienes se retiraron antes con la misma edad.

En este caso, los expertos recomiendan su aplicación "lo antes posible", sólo a los futuros jubilados y antes de 2019.

De acuerdo con sus estimaciones, serán "relativamente pocos" los afectados cada año.

La aplicación del FEI, que se realiza sólo al calcular la pensión inicial, implicará un ajuste a la baja de alrededor del 5 % cada diez años, como consecuencia de que la prestación se disfrutará durante más tiempo.

Los expertos argumentan que está manos de los políticos ajustar los otros parámetros de cálculo de la pensión, como los años cotizados, para afianzar aún más la sostenibilidad del sistema.

Los miembros del comité han querido enviar a la ciudadanía un mensaje de "tranquilidad y certidumbre", porque consideran que "lo más probable" es que las pensiones medias reales vayan ganando poder adquisitivo y que las pensiones iniciales no caigan en términos reales.

Al respecto, Domenech ha explicado que el único "riesgo potencial" es que la pensión media real disminuya respecto al salario medio real.

Miguel Ángel García ha explicado que las dos fórmulas diseñadas son "muy robustas técnicamente" y ha considerado que ahora le toca a los políticos decidir cómo será el factor de sostenibilidad.

Durante la entrega del informe, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha emplazado a los partidos a que tengan el mismo "compromiso y responsabilidad de los expertos" para que en un debate "transparente y honesto" se logre el mayor consenso posible.

El informe de los expertos, que no es vinculante, será remitido a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y a los agentes sociales.

El único experto que ha votado en contra ha sido Santos Ruesga, mientras que José Luis Tortuero se ha abstenido, si bien ambos han coincidido en su votos particulares en mostrar su rechazo a cuestiones como ligar la revalorización de las pensiones a los ingresos del sistema o aplicar el factor de sostenibilidad de manera inmediata, en lugar de esperar al menos hasta 2030.

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