Los ciudadanos de este país, impactados todavía por la reciente subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, asisten con temor a la nueva vuelta de tuerca que prepara el Gobierno, que se encuentra entre la espada y la pared, debido a que la Comisión Europea le exige ajustes profundos en el sistema de pensiones a cambio de la relajación de los compromisos de déficit. Por tanto, se avecina un reforma de las pensiones de aplicación inminente y que conllevará un nuevo empobrecimiento de millones de ciudadanos si prosperan las propuestas del comité de expertos designado por el Ejecutivo, que apuesta por que los perceptores de estas prestaciones pierdan poder adquisitivo al no permitir, entre otras medidas, que las pensiones puedan subir más que el IPC.

Según las primeras conclusiones de los denominados expertos, los futuros jubilados podrían cobrar de inicio una pensión más baja que quienes se han retirado antes en las mismas condiciones, pero no verían recortada la prestación durante los años que la perciban, de acuerdo con el factor de sostenibilidad propuesto.

Los expertos creen que el principal reto del sistema de pensiones español es que la generación del 'baby boom' de los años 60 se empezará a retirar en la próxima década con una esperanza de vida dos años superior a la de sus homólogos europeos.

"Esto supondrá pagar un 70 % más de pensiones en el 2050 respecto a ahora", explica el economista, Miguel Ángel García, que aunque apoya el informe, incorporó un voto particular.

Ante este escenario, la comisión ha planteado un factor de sostenibilidad de las pensiones compuesto de dos fórmulas: la primera para revalorizarlas conforme a la situación presupuestaria del sistema y la otra para calcular su cuantía inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida, explica el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, Rafael Domenech.

De esta forma, el factor de revalorización anual (FRA) supondría que las pensiones sólo aumenten si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones.

Además, los expertos defienden que sólo habrá que volver a congelar las pensiones en casos "excepcionales", como la actual crisis económica. A partir de ahí, estiman que lo normal es que a lo largo del ciclo las pensiones nominales crezcan y que las reales incluso ganen poder adquisitivo en el medio y largo plazo.

La comisión recomienda en su informe que el FRA comience a aplicarse a los pensionistas actuales "lo más rápido posible" dentro del periodo 2014-2019, lo que supondría acabar con el sistema vigente, según el cual las prestaciones suben conforme a la evolución de los precios.

Según Domenech, el FRA liga la revalorización anual de las pensiones "al éxito de la economía y de la sociedad".

No obstante, los expertos aconsejan a los políticos que estudien fijar una "cláusula suelo" que impida la caída nominal de las pensiones para que en el peor de los casos sólo se congelen, algo que para Domenech sólo ocurriría en "situaciones excepcionales".

Por otra parte, está el factor de equidad intergeneracional (FEI), por el que se adapta el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados a su esperanza de vida, teniendo en cuenta la que tenían quienes se retiraron antes con la misma edad.

En este caso, los expertos recomiendan su aplicación "lo antes posible", sólo a los futuros jubilados y antes de 2019.

De acuerdo con sus estimaciones, serán "relativamente pocos" los afectados cada año.

La aplicación del FEI, que se realiza sólo al calcular la pensión inicial, implicará un ajuste a la baja de alrededor del 5% cada diez años, como consecuencia de que la prestación se disfrutará durante más tiempo.

Los expertos argumentan que está manos de los políticos ajustar los otros parámetros de cálculo de la pensión, como los años cotizados, para afianzar aún más la sostenibilidad del sistema.

El informe de los expertos, que no es vinculante, será remitido a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y a los agentes sociales.