El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la ley de emprendedores y su internacionalización entre cuyas medidas destaca el nuevo régimen de IVA con criterio de caja que se aplicará a partir del 1 de enero de 2014 para las pymes con una facturación inferior a 2 millones de euros.
De esta medida podrán beneficiarse 1,3 millones de personas físicas y más de un millón de pymes a las que Hacienda no les exigirá el pago del IVA repercutido en las ventas hasta que cobren las facturas.
La ley de emprendedores se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia, ha señalado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha avanzado que, entre las medidas fiscales, se amplía a 400.000 euros, frente al anterior límite de 200.000, la cifra de fondos propios que debe tener una empresa como requisito para que inviertan los denominados "business angel" (inversor de proximidad).
Se trata de un sistema capital-riesgo en el que el inversor es un particular que participa temporalmente en empresas nuevas y aporta sólo capital (capital semilla) o capital financiero acompañado de conocimientos empresariales.
Además, la ley contempla que las empresas con un volumen de negocio inferior a diez millones de euros podrán deducirse hasta un 10 % de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se vuelvan a invertir en la actividad económica.
La norma introduce la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, por la que los autónomos no tendrán que responder con su vivienda habitual -si ésta no supera los 300.000 euros- de las deudas derivadas de su actividad empresarial, por las deudas empresariales.
También establece el mecanismo de "la segunda oportunidad" que permitirá a los empresarios con deudas que no superen los cinco millones de euros acudir a una vía extrajudicial de negociación en vez de al concurso de acreedores.
Entre otros aspectos, también prevé la deducción del 10 % en el impuesto de sociedades para los empresarios que reinviertan sus beneficios en la actividad económica o la deducción por I+D, que también podrá ser abonada, con un límite máximo conjunto de 3 millones de euros anuales.
Para las empresas que inviertan en I+D a partir del 1 de enero de este año el coste estimado (ahorro para los contribuyentes) es de 427 millones de euros con efectos en 2015 y, de esta medida, se podrán beneficiar más de 4.000 empresas.
En la ley se ha incluido que el Gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por un importe superior a 500.000 euros, frente a los 160.000 anunciados, y a los que compren deuda pública por encima de 2 millones de euros.
Asimismo, recibirán el permiso de residencia los extranjeros que hagan una inversión significativa o destinada a proyectos empresariales de interés general, como es el caso de la creación de puestos de trabajo o de una aportación a la innovación científica y tecnológica.
Los autónomos de UPTA han valorado algunas de las medidas como las de responsabilidad limitada o el acuerdo extrajudicial en los concursos de acreedores, pero no consideran oportuno que aborde cuestiones como las que se refieren a internacionalización o a la regulación de los permisos para extranjeros que, en su opinión, deben tramitarse en otros ámbitos.
Las Cámaras ven positiva la ley si se corrige la actual dispersión de ayuda a las pymes, si se avanza en la simplificación burocrática y, especialmente, si vuelve a fluir el crédito y la financiación.
